Hace algunos meses, en pleno furor de encierro, circuló en redes sociales un afiche con una fotografía del rostro de Pedro Sánchez, presidente de España y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el lema “Confía en tu gobierno: un buen ciudadano obedece”. El PSOE negó la autoría del afiche y lo atribuyó a una campaña negra de la extrema derecha. Como sea, creo que epitomiza la pregunta ¿hasta dónde se ensancha el poder de los gobiernos por la pandemia? El argumento de la necesidad por calamidad pública se contrapone al aforismo que la emergencia es la madre del despotismo.

La humanidad está bajo ataque por un enemigo microscópico, una guerra biológica que tomó al mundo por sorpresa e impuso su sello al año 2020. El principal y más evidente impacto del virus es la invasión del cuerpo; su naturaleza contagiosa ha tenido efectos disruptivos sobre la interacción de las personas, provocando retos y problemas políticos, económicos y morales. El virus ha traído muchas lecciones; una importantes es la necesidad de tener humildad sobre los alcances del conocimiento y las consecuencias imprevistas y no intencionadas del uso del poder para tomar decisiones que afectan a todos. Las amenazas a la libertad, hechos que tienen por resultado la disminución de la libertad de las personas, pueden provenir de donde menos se tiene pensado. Surgen una serie de problemas morales o dilemas éticos; “un problema de decisión entre dos imperativos morales, ninguno de los cuales es inequívocamente aceptable o preferible. La complejidad surge del conflicto situacional en el que obedecer uno podría ocasionar transgredir el otro”.

Ya hay varias vacunas que brindan inmunidad contra el virus. No es posible vacunar a todos al mismo tiempo. ¿A quiénes les toca primero, quien toma esta decisión? ¿El orden de vacunación deber ser en base al mejor resultado epidemiológico o por algún criterio de “justicia social”? Prevalece la idea que los primeros en recibir la vacuna debieran ser los más vulnerables al virus, personal médico y hospitalario y los adultos mayores, pero anticipo que será campo de batalla para la industria de la política de identidad. Dará una oportunidad más de señalar el privilegio de unos y lo oprimidos que están otros. ¿Los gobiernos van a “regalar” la vacuna y se propondrán vacunar a todos? ¿Eventualmente, podría ser obligatoria la vacuna?

Conforme avancen los hechos surgirán dilemas éticos como ¿tengo derecho a rehusarme a ser vacunado? ¿Tengo el deber moral de vacunarme? ¿Cómo se conjuga el derecho a rehusar la vacuna con el derecho de otros a no ser contagiados? ¿El gobierno puede o debe obligar a todos a ser vacunados? Tengo esperanza que el patógeno vaya cediendo en los próximos meses, antes de llegar a un escenario en el que podría ser muy difícil operar en la sociedad sin contar con algún pasaporte, certificado o sello de vacunación. Imagino retenes de las fuerzas de seguridad, en los que antes de mostrar DPI o licencia de conducir, se requiera que presentar certificado de vacunación.

Desde el punto de vista médico, no ha pasado suficiente tiempo para poder entender los efectos inadvertidos y de largo plazo de la vacuna. Además, la idea que los gobiernos del mundo van a vacunar a todos los habitantes del planeta, sienta un nefasto precedente. Escapa mi memoria el nombre de un prominente psicólogo en la década de 1960 que, ante la estadística del porcentaje de habitantes que sufrían depresión, propuso que el gobierno aplicara químicos antidepresivos al agua potable. ¿El ciudadano responsable obedece?