Las consecuencias inevitables e inmodificables de la promesa hecha el viernes pasado por Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo deben ser el resultado de tomar medidas para comprobar la disposición de cumplir. Es explicable la brevedad del tiempo empleado para anunciarlas, pero se trata de una larga serie de acciones, algunas de efecto inmediato y otras a mediano plazo. Como toda medicina, se las puede dividir en urgentes e importantes, pues para recuperar la salud el tiempo no juega igual en todos los males. Tomar un antídoto contra cualquier veneno es urgente; tomar un jarabe contra la tos, es importante. En el caso de la situación política actual, eliminar el Centro de Gobierno es urgente y fácil. Hacer cambios a la ley electoral es importante.

Otra acción urgente es analizar y poner orden en los dineros de contratos firmados durante varios gobiernos para mejorar, mantener y construir carreteras, y debería ser el motivo de tener una red vial muy buena. No lo es, a causa de la corrupción abierta y descarada, pero además porque en el caso especial –pero no único— del actual gobierno, un porcentaje mayoritario de las empresas contratadas tienen varias extrañas y sospechosas características: no ser compañías con experiencia y tener relación con financistas de gobierno, diputados, alcaldes o miembros del gabinete. Un cálculo somero de los contratos suma Q540 millones. Las cantidades de ese calibre son demasiado altas para empresas sin obras exitosas. El vicepresidente tiene campo de acción para arreglar esto.

Una decisión simple y rápida es declarar ilegal la contratación de empresas propiedad o con participación de parentela de personas de alguna manera relacionadas con el gobierno o el Estado, porque en un abrumador porcentaje no tendrán capacidad. Para escoger bien se puede pedir asesoría al mundo empresarial guatemalteco, donde es poco común un solo contrato de Q270 millones (unos US$36 millones), por ejemplo. Se hace luego de buscar calidad en las personas y las entidades, porque el dinero viene del bolsillo de alguien, pero esto no sucede cuando proviene de los impuestos y por ello no se piensa en la obligación moral y legal de cuidar la bolsa de los ciudadanos, sino en ser una oportunidad de pillaje, enriquecimiento ilícito, despojo y saqueo.

Las medidas importantes son en realidad pocas pero fundamentales, y tienen la característica de necesitar tiempo para planificarlas, prepararlas, analizarlas y realizarlas. Un buen ejemplo es la Constitución, porque lo primero por considerar es si en realidad es necesario cambiarla totalmente o solo algunos artículos, pero sobre todo decidir quién va a redactarla, porque sería absurdo dejar esa tarea a los actuales integrantes del Congreso. Por supuesto, los casos aquí mencionados son solo algunos y se les debe agregar otros, como la conversión del presupuesto nacional a la dura realidad no solo de hoy, sino del siguiente año, cuando surjan las flores negras de la pandemia y de las dos terribles depresiones tropicales Eta e Iota.

Todo gobierno necesita de una población satisfecha con los planes preparados y sobre todo con el convencimiento de cambios, como fue prometido el viernes. Decisiones de este tipo ayudarán a calmar la tensión popular, por ahora sumergida, pero no desaparecida. Hay anunciadas protestas y bloqueos para mañana en el altiplano y la única forma de detenerlos es con hechos. Las constantes equivocaciones presidenciales, junto con el presupuesto, fueron el detonador de estas movilizaciones ciudadanas. No entenderlo es caer en la contumacia, o sea, en la dureza y tenacidad en mantener un error. Y en estos momentos, hacer esas cosas urgentes y prepararse para las importantes tiene el incentivo de cumplir con lo prometido a los representantes de la OEA.