La Corte de Constitucionalidad emitió el viernes pasado un dictamen favorable al estado de Calamidad dispuesto ante sí y por sí por Alejandro Giammattei. Esto afianzó desconfianzas de su misión, convertida en aceptar toda idea de quien participó entre bambalinas en la integración de la entidad cuyo fin es interpretar la Carta Magna, de acuerdo sobre todo a las lógicas tanto jurídica como política y filosófica. Esta última permite entender el espíritu de la ley y la primera se explica con las importantísimas razones jurídicas. El sábado, la virtual candidata Zury Ríos, con voz amenazante y mirada dura, dijo: “No se equivoquen. Esto no ha terminado. Nuestra victoria está a las puertas”. Preocupante.

El estado de Calamidad lo propone el Ejecutivo y lo envía al Congreso para su aprobación o rechazo. Según la lógica, mientras esto ocurre, no está vigente, y si el presidente lo ordena, no tiene validez jurídica. Es sencillo de entender. Giammattei lo ordenó, actitud dictatorial, de rey absoluto. Los oficialistas abandonaron el edificio y el gobierno adoptó la insostenible posición de interpretarlo, razón para “mantenerlo vigente” cuando aún no ha nacido a la vida legal del país. La CC salió sumisa, presurosa, al rescate, y rechazó un amparo en contra. Es surrealista. Según esto, es innecesario cumplir con la aprobación del Congreso, porque la voluntad presidencial es una orden o una ley.

Incluso antes del dictamen de la CC, dentro de los aliados oficialistas en el Congreso surgieron críticas. La más notoria fue la de Álvaro Arzú Escobar —miembro destacado de ese grupo giammatteiesco—, quien descalificó la decisión y anunció el rechazo a la medida en la próxima sesión. Esta vez es imposible estar en desacuerdo con sus calificativos de “inconstitucional, ilegal e inmoral” a lo actuado. Fue sorprendente y significativo. El texto del decreto limita ahora las compras sin ningún valladar a las realizadas por el Ministerio de Salud, pero quedan otros objetivos ocultos, como limitar la libre expresión de noticias y críticas, además de obligar a la censura para no “agravar la situación”. Malos augurios…

Afganas merecen defensa

Las mujeres de todo el mundo, sin importar sus diferencias, están obligadas moralmente a realizar una campaña mundial dirigida a enviar vehementes protestas a los jefes talibanes por el trato derivado de la interpretación fundamentalista del Corán y la Ley Sharia. No debe ser realizada por gobiernos, la ONU, etcétera, para darle fuerza al esfuerzo individual de protesta, aunque sea sin éxito. Es ingenuo confiar en las promesas de cambios en el trato a la mujer. Recibí un video donde un talibán obliga a hincarse a una mujer con un tapado rojo y luego la asesina de un disparo.

Para los talibanes, la mujer no puede estudiar, salir de casa o tomar taxi sin un vigilante familiar, trabajar en radio o TV, maquillarse y pintarse las uñas, mostrar los tobillos, montar bicicleta o moto, escuchar música o ser atendida por médicos hombres. Los castigos incluyen azotes, amputaciones, y en caso de adulterio lapidación en la calle hasta morir. Lo hizo el primer régimen talibán, de 1996 al 2001, cuando los derrocó una fuerza internacional. Tales acciones desaparecieron al ser instalado el nuevo y luego corrupto gobierno, ahora derrocado. Hubo grupos de milicias antitalibanes integradas por mujeres, quienes por supuesto no sobrevivirán.

Las mujeres occidentales pro derechos humanos no pueden quedar silenciosas ante este fanatismo religioso-político. Un líder talibán dijo: “Tendremos que matar a quienes no abandonen las costumbres occidentales.” Recuerden las organizaciones guatemaltecas: silencio es complicidad intelectual. Existe la Organización Revolucionaria de Mujeres de Pakistán (RAWA, en inglés), nacida en 1977, cuya fundadora fue asesinada por los soviéticos. El mayor peligro es el manejo del Estado según normas religiosas. Hay avance donde el Estado y la religión van por caminos paralelos y retraso donde los políticos mienten a sabiendas, como lo hacen los talibanes.