Desde que comenzó la pandemia vi con temor cómo nuestro gobierno, sin mayor evidencia de lo que hacía, decidió cerrar el país. Dispuso limitar la actividad económica y gobernar por excepción gracias a un estado de Calamidad. Así, restringió las libertades y derechos fundamentales de todos los habitantes del país. Impidió a ciertas personas y empresas trabajar. Impuso toques de queda. Como resultado, el PIB del segundo trimestre de este año, -10% interanual.

Cinco meses después, el Gobierno sigue gobernando a través de un estado de Calamidad. Es decir, seguimos con toque de queda, aunque los horarios cambiaron. Puede impedir que ciertas actividades funcionen, como lo es la educación, y otras empresas pueden funcionar con muchas restricciones, a mitad de su capacidad o menos. Me refiero a los centros comerciales, transporte urbano y extraurbano y restaurantes, por ejemplo. Aunque el toque de queda comienza a las 9 p.m., prohíbe que se venda y consuma licor a partir de las 5 p.m. Y así muchas cosas.

Cada vez que habla el presidente dice cosas que luego hay que leer en las “disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento”, a modo de aclarar lo que dijo. Las últimas fueron decretadas el 26 de julio pasado. Y de acuerdo con el sistema de alertas (semáforo), las personas de alto riesgo y las mayores de 60 años no pueden ingresar actualmente, en la capital, a centros comerciales, restaurantes y transporte colectivo. Mi amigo Jacobo Sabbaj, que está bien de salud y se cuida mucho, quiso ir el martes a un centro comercial y amablemente le dijeron que no podía entrar. Indignado escribió un comentario que también me indignó. Cualquiera que defienda la libertad como principio fundamental para que una sociedad funcione debería sentirse indignado. Reproduzco aquí parte de su comentario:

“Hoy, martes 4 de agosto, fui a un centro comercial de la zona 10 y me negaron la entrada para mi “protección personal”, debido a que soy mayor de 60 años y que nuestro municipio está en alerta roja. No necesito ese tipo de protección “paternalista” de parte del Estado. Sé cómo cuidarme. Es una disposición arbitraria y discriminatoria. Más adelante pueden prohibir el ingreso a personas con sobrepeso, presión arterial elevada o a individuos con tipo “A” sanguíneo; todos factores de riesgo. Bajo ese razonamiento más adelante pedirán historial médico completo para excluir a personas con problemas cardíacos o pulmonares, etc. Luego excluirán a personas de ojos cafés, piel oscura y preguntarán por afiliación religiosa, etc. Esto no puede ser”. “A la par de nuestra salud tiene que estar nuestra libertad”.

Mi amigo tiene toda la razón. Pero por eso es por lo que no se debió haber prorrogado el estado de Calamidad. Esto solo permite al Gobierno gobernar por coerción, limitando nuestros derechos y libertades. Pareciera que nos considera inútiles y tontos, que no sabemos cuidarnos solos. Y los diputados que justificaron la prórroga de un estado de Calamidad innecesario tienen mucho que explicar. Es típico de un Estado paternalista. Los que gobiernan creen que saben todo y más que los ciudadanos. Me recuerda una famosa frase de Benjamín Franklin al respecto: “Aquellos que renunciarían a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen libertad ni seguridad”.

Termino esta nota con una frase de Friedrich Hayek: “Libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de elegir; también significa que debe enfrentar las consecuencias… la libertad y la responsabilidad son inseparables”.