Entre el 2020 y 2030 la población guatemalteca en edad de trabajar pasará de sumar 10.8 millones de personas a 13.5 millones. Esto significa que el país necesitará mejorar, mantener y generar millones de nuevos empleos y negocios.

Lo anterior solo se podrá lograr si el aparato productivo guatemalteco se moderniza y se integra mejor con el bienestar social, lo que requiere cambiar cuatro fenómenos que son evidentes en el modelo económico actual. Primero, una estructura de exportaciones sustentada principalmente en productos de bajo valor agregado: banano, azúcar, café, cardamomo, petróleo, entre otros. Segundo, un mercado doméstico deprimido por los altos niveles de pobreza general, cerca del 60% de la población, relacionados con desempleo y un salario promedio nacional que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica vital de los hogares, lo que además genera una desigualdad creciente, ingobernabilidad democrática y limita la demanda interna de productos nacionales. Tercero, una política económica incompleta, eclipsada por intereses económicos particulares que giran en torno a los principales productos de exportación y a los mercados oligopólicos nacionales, desatendiendo actividades de producción que pueden generar más y mejor empleo y ser más competitivas en el ámbito internacional. Cuarto, una sobreutilización de los recursos naturales y la poca atención a la mitigación de los efectos negativos del calentamiento global.

Los fenómenos mencionados constituyen las principales trabas para el desarrollo de Guatemala. Romper estas barreras requiere una política económica que ponga en el centro de su función la innovación y la transformación productiva para el aumento del bienestar social. Solo así se logrará permear el sistema económico en el que conviven más de 800 mil pequeños y medianos productores, más de dos millones de cooperativistas, cerca de 1,700 grandes empresas y 10 millones de personas en edad de trabajar. La tarea no es sencilla y es por eso urgente la puesta en marcha un sistema de innovación y transformación productiva, comprendido como una red articulada de organismos públicos y privados cuyo objetivo es estudiar, diseñar y ejecutar actividades y acciones que permitan difundir nuevas tecnologías que aumenten la productividad y hagan más homogénea la estructura productiva, al tiempo en que se crean empleos de calidad que minimizan la informalidad (legal y productiva) y se promueven sectores innovadores que logran disminuir el despilfarro de recursos y la protección del ambiente natural.

Para que este sistema sea exitoso se requiere, en primer término, liderazgo y legitimidad del gobierno, pues a este le toca proponer mediante una buena planificación, la coordinación entre políticas y actores económicos y sociales, incluyendo como parte de los resultados, la puesta en marcha de una política de industrialización y modernización del sector agrícola dentro de una agenda de desarrollo sostenible de largo plazo; el compromiso con el pleno empleo y la eliminación de la pobreza, metas de crecimiento económico, montos y destinos planificados de inversión pública, mejoras en la educación, la salud y la seguridad y el acceso a fondos de investigación y crédito con tasas de interés menos asfixiantes para los productores y emprendedores, así como la facilitación de la producción y el comercio nacional e internacional, y una política fiscal acorde con el logro de todo lo anterior. Ningún país podrá cumplir la Agenda del Desarrollo 2030 sin un sistema de innovación y transformación productiva.