Hagamos la diferencia

Urge ley general de infraestructura vial

Samuel Reyes Gómez samreygo@yahoo.com

El estado de las carreteras del país es lamentable, tanto en cantidad como en calidad. El mantenimiento ha sido deficiente y existen carreteras asfaltadas que, por falta de mantenimiento se han deteriorado completamente, en las que es preferible permanecieran de terracería y no un asfalto con tal cantidad de baches que prácticamente es imposible no caer en ellos, lo cual provoca un deterioro acelerado de los vehículos. Según datos de Fundesa, con apenas un metro de red vial por habitante, nos encontramos en los últimos lugares del mundo con este indicador, si comparamos por ejemplo con Estados Unidos, que tiene 20.5 metros por habitante; Japón, con 9.2; Brasil, con 7.9; Argentina, con 5.2; y México, con 4.1. A nivel de Centroamérica, también estamos en último lugar. Honduras tiene 1.60, El Salvador 2.39, Nicaragua 3.92, Panamá 3.93 y Costa Rica 8.71. Entre los años 1985 y 2013 Guatemala construyó 200 kilómetros por año en promedio. Del 2013 a la fecha se entró en un franco estancamiento, donde las cantidades construidas son irrisorias, se han construido apenas unos kilómetros en la red de terracería. El país necesita construir más de 47,500 kilómetros en los próximos quince años para estar en un nivel aceptable.

En el Congreso está en discusión la Ley General de Infraestructura Vial, que pretende solucionar la problemática existente, y aunque ha tenido modificaciones significativas, el espíritu se mantiene: construir y dar mantenimiento a la infraestructura vial con un enfoque distinto al actual, al crear un sistema que permita la evaluación, planificación, diseño, financiamiento, adquisición del derecho de vía, construcción, mantenimiento, gestión, operación supervisión y uso de la infraestructura vial. Se considera a la infraestructura vial, como el conjunto de bienes nacionales de uso común destinados para el uso, circulación y traslado de los usuarios en caminos, calles, carreteras, túneles, viaductos y puentes, el derecho de vía y las áreas de servicio.

La ley creará una Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial) que se encargará de la gestión del sistema, y en la discusión ha habido aportes importantes como el hecho de que los pagos se iniciarán hasta que se haya finalizado la construcción, garantizar la conexión de infraestructura vial privada con sistemas de infraestructura pública, garantizar que no podrá cobrarse peaje en la infraestructura existente al inicio de vigencia de la ley y cuando no exista una ruta alterna, exceptuando las que ya están autorizadas. Lo que sí es lamentable es que, para asegurar la aprobación en el Congreso, la Sivial quedará como un órgano técnico del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi), institución que ha demostrado ser incapaz de gestionar esta actividad. También se creará un Fondo de Infraestructura Vial, que se alimentará con deuda pública, aportes y donaciones, activos, ganancias e intereses generados por los proyectos y por los impuestos de la distribución de petróleo y sus derivados (IDP).

Es imperativo y urgente que el Congreso apruebe esta ley, que podrá emular lo sucedido en la generación y distribución de energía eléctrica y en telecomunicaciones, leyes que han permitido poner a Guatemala como ejemplo de otros países, en la que la problemática a casi desaparecido al pasar la oferta a superar la demanda actual. Esperamos ver en los próximos años nuestra infraestructura vial desarrollada, sentando las bases para el desarrollo del país, como ha sucedido en otros países, pues las carreteras contribuyen en demasía a la generación de actividad económica.