La encrucijada de Guatemala y todos sus sectores incluidos sin excepción, es decidir si ignoran el problema causado sobre todo por la corrupción, si se decantan por el gatopardismo – hacer algo pero con el fin de mantenerlo todo igual- o actuar realmente, con decisión y sensatez, para defender la transparencia, la justicia y la democracia. Este resumen recoge los sólidos criterios de Stephen McFarland, quien, como diplomático, ahora retirado luego de 37 años de servicio, estuvo dos veces en la embajada estadounidense como consejero y embajador. Conoce y entiende el modo de pensar ciudadano y del sector privado, y también el de Estados Unidos, por lo cual es una voz autorizada para dar opiniones tanto en su país como en el nuestro, y facilitar la comprensión mutua.

McFarland señala la necesidad de entender las percepciones y puntos de vista de ambos gobiernos. Llegó en el 2000 y comenzó a conocer y a entender las peculiaridades de un importante sector cuyo discurso, entonces, era “más moderno”, al compararlo con su contraparte salvadoreña, y comprendió “las diferencias entre individuos, empresas y alianzas familiares”, pero también a “políticos, partidos y el sistema que los apoya”. Era un tiempo de apoyo del Cacif a la Cicig, ya disipado cuando regresó a Guatemala en el 2008, como embajador. Ello provocó el avance de “investigaciones y procesos contra la corrupción”. Estos criterios son valiosos porque piensan en los seres humanos, no solo en las instituciones.

Esa experiencia en ambos lados de la cerca permite a los guatemaltecos saber cómo son las percepciones en una época histórica en la cual Estados Unidos parece haber abandonado aquel cínico discurso de “es un hijo de p…, pero es nuestro hijo de p…”. Los guatemaltecos debemos escuchar y comprender antes de recibir burdas imposiciones, ahora pasadas de moda. En resumen, muchos tomadores de decisiones políticas en Washington, republicanos y demócratas, “conocen Guatemala y la región, sus percepciones sobre corrupción, narcotráfico y las causas de la migración”, y están convencidos “que la democracia, los derechos humanos, la transparencia y el libre mercado son superiores a la represión, la corrupción y la exclusión con y la ausencia de empresa privada”.

Según piensan estos funcionarios, de diez instituciones políticas estadounidenses, la única forma de frenar la corrupción es aumentar el empleo formal bien remunerado y reducir la influencia de los narcotraficantes, así como las decisiones de la Cortes Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. En el otro lado de esa medalla, indica McFarland, Estados Unidos debe comprender las quejas de ese sector económico político guatemalteco: no reunirse con sus dirigencia ni tomar suficientemente en cuenta sus criterios; prestar demasiada atención a las oenegés anticorrupción, ni tampoco verlo como un sector sin mucha influencia “en las decisiones de otros sectores, partidos o instituciones que afectan la transparencia”.

Ciertamente, los criterios de McFarland responden a experiencias y análisis propios e individuales. Son aún más importantes, porque ahora puede hablar con franqueza, aunque también lo hizo cuando fue embajador. Ahí descansa el valor de sus palabras. La frase inquietante, por ser cierta, se refiere a las dudas en Washington “acerca de si la élite empresarial comprende las consecuencias que tiene para ellos la expansión de la corrupción y el narcotráfico”. Coincido con ello por haber dedicado muchos artículos contra la corrupción en sus miles de formas. Agrego a todos los sectores, especialmente los politiqueros, académicos, pseudo-ideológicos, escondidos en búsqueda de beneficios aunque Guatemala se convierta en la Colombia de hace algunos años.