La breve visita programada para hoy del señor John McAleenan, secretario de Seguridad Interior interino de EE. UU., tiene particular importancia tanto para Estados Unidos como para los segmentos sociales adversos a convertir a Guatemala en un Tercer País Seguro. En efecto, cuando se observa cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, es evidente: si se hubiera planificado cuidadosamente para salir mal, no hubiera salido tan pésimo. El secretismo de toda la operación hasta ser descubierta provocó el justificado rechazo de los guatemaltecos, ahora unidos en contra de una idea cuyos efectos serán malos para el país. Por si fuera poco, la interpretación oficial de no haber recibido presiones se derrumba con solo escuchar las dos versiones de lo dicho por Donald Trump.

El Congreso de la República, según se conoció ayer, le pedirá explicaciones a la señora Sandra Jovel, quien en todo caso debió haber representado al gobierno. Una forma de buscarle un lado positivo a todo este enredo lo constituye darnos cuenta todos de cómo son los requisitos previos para los acuerdos, sobre todo si huelen a imposición. Estados Unidos y sus autoridades tienen clara la supremacía del Congreso y de los jueces, razón por la cual deben entender el criterio de obediencia a las normas, sobre todo cuando han sido rotas. Ese es uno de los motivos de la grandeza histórica estadounidense y por ello los tratados y acuerdos, si bien no son públicos antes de hacerse realidad, tampoco son secretos y se acepta toda consecuencia si la prensa los saca a luz.

Ambas partes pueden sacar provecho de esta visita. Como expresé, parece como si se hubiera planificado todo para hacerlo mal. Guatemala ya fue dejada a un lado por México, Honduras y El Salvador, quienes han negociado, cada quien por separado, y obtenido algo. El gobierno fue, simplemente, incapaz de defender la posición guatemalteca, cuya base es elemental de entender. Si el país no puede darle condiciones positivas a la vida de sus ciudadanos, menos podrá alimentar y dar abrigo a personas de otros países de varios continentes. En todo caso, y en vista del beneficio para Estados Unidos, debería ser posible negociar otras condiciones, pues ahora se aceptó lo impuesto. Ello, aunque no sea tan evidente, también tendrá efecto para la campaña de la reelección estadounidense.

Debates necesarios entre candidatos

En todos los países donde hay siquiera algo de vestigios de democracia, los aspirantes a cargos públicos de importancia, como es el caso de la Presidencia, están obligados a participar en presentaciones públicas organizadas por entidades o por medios de comunicación para discutir algunos de los temas más importantes. Si bien no se puede profundizar a causa del breve tiempo para la exposición de los criterios, derivados de los puntos de vista personales, ideológicos o de cualquier otro tipo, ese lapso corto tiene la ventaja de obligarlos a ser concisos y con ello adaptarse a la forma como este mundo actual prefiere recibir los mensajes y las explicaciones. Muchas veces dejan dudas, aunque igualmente son útiles para conocer al menos las bases y las ideas principales.

Por eso, la presencia de los aspirantes a debates públicos es obligatoria. La decisión de no aceptar o de cambiar de idea no puede tener pretexto alguno. Solo se le puede interpretar como signo de cobardía o de convencimiento de la imposibilidad de convencer a los votantes. Esto es peor aún cuando un aspirante en una elección critica a los demás por no asistir, pero en otra decide no hacerlo. Ese es el caso de Sandra Torres en estos comicios, pues cuando combatió contra Otto Pérez Molina fue grabada criticándolo, en un video salido de algún lugar donde alguien lo tenía escondido y enviado a través de las redes sociales. Los políticos deben, a consecuencia de la tecnología, cuidarse de no decir o hacer nada sin meditar el factor del “tiro por la culata”.