El miércoles 10 de marzo, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, designó magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. El mismo día, la Corte Suprema de Justicia también designó a un titular y a un suplente. Fue interesante que la designación del Ejecutivo fue transmitida por televisión y redes sociales del Gobierno y que la designación de la CSJ fue por votación y de manera visible. Así se cierran las designaciones y las elecciones de los 10 magistrados que servirán al país desde la CC por un período de cinco años.

Se escuchó tanto ruido de esta elección producto de lo politizado que está la actual magistratura. Es desafortunado para el bien del país que la CC actual haya gobernado a través del abuso del amparo, ordenando a los tres poderes del Estado qué hacer en función de los intereses de unos pocos. Esos mismos pocos son los que han estado haciendo el ruido, dado que la mayoría de los designados y electos no son de su simpatía o de sus intereses. La CC no fue diseñada para gobernar, fue diseñada para ser el garante de la aplicación de la Constitución Política de la República y como el máximo tribunal de amparo. Seguramente hay que revisar sus funciones como tribunal de amparo porque fue excesivo el uso político en estos cinco años.

¿Cuántos guatemaltecos estuvimos pendientes de la elección de los magistrados para la CC? Estoy seguro de que muy pocos. Lo que todos en Guatemala queríamos era que fueran personas honorables, con experiencia, con visión de país y que no tengan vínculos con la criminalidad.

Entiendo que ninguno de los 10 tiene vínculos con la criminalidad. Guatemala lo que necesita ahora es enfocarse en la productividad y en la gobernabilidad. No se puede ver escenas como las del sábado 13, donde regresaron los cuerpos de los fallecidos en la masacre en el norte de México, cuando iban de forma ilegal a buscar oportunidades a Estados Unidos. Tenemos todo para generar esas oportunidades en Guatemala, pero necesitamos que esa minoría de malos en la clase política y la criminalidad dejen invertir y generar prosperidad.

El Congreso de la República tiene pendiente elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las cortes de Apelaciones. Eso debió ser en octubre de 2019, pero como ya sabemos, la CC actual detuvo ese proceso. Toca elegirlos.

Al Ejecutivo le corresponde, después de un año de la administración de la pandemia, dos cosas importantes: 1) Ejecutar el plan de vacunas de una buena manera y no atrasarlo más. 2) Gobernar de acuerdo al plan del partido político que los llevó a gobernar. Es necesaria la transparencia de los procesos y acciones, y la honestidad de los funcionarios públicos. Hay tanta necesidad de las personas en varios lugares del país que no puede demorarse más la inversión pública ofrecida. Al Legislativo le corresponde aprobar leyes que fomenten la inversión. Hay varias en distintas comisiones y algunas ya en etapas de aprobación del pleno. No atrasen más eso con politiquería. Los ciudadanos demandamos que cumplan con su función de legislar para el bien común.

A los gobernadores les toca trabajar muy de la mano con los alcaldes para que vía los Codedes y los Comudes se pueda llevar a cabo la obra que requieren las poblaciones. En la ciudad de Guatemala y en algunos municipios vecinos es visible que sí hay obra pública en ejecución, lo cual apoya la generación de empleo.

Al sector empresarial le corresponde seguir invirtiendo y seguir creando oportunidades, pero a la vez buscando junto a las autoridades el clima de negocios apropiado para atraer mucho más inversión del exterior. La mayoría silenciosa, a la que no le interesa la política, demanda lo económico, y en mi opinión es la ruta a seguir. Volteemos ya la página y dejemos atrás el período del gobierno de jueces, y vamos por el de la productividad y gobernabilidad.