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Cómo “aprovechar” el bono demográfico

La última ocurrencia para justificar un agresivo aumento en el endeudamiento público es el llamado bono demográfico. De acuerdo con un reportaje de Manuel Silva (EP, 14/07/2017), la “Política Nacional de Competitividad tendrá como objetivo crear alrededor de seis millones de empleos formales en los próximos 15 años, para aprovechar el bono demográfico a partir de 2030”. El reportaje recoge una presentación de Enrique Godoy, comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, y su equipo.

De acuerdo con la socióloga Viviana Salinas, el “bono demográfico se refiere al período cuando cambia favorablemente la relación de dependencia entre la población en edad productiva —jóvenes y adultos— y aquella en edad dependiente —niños y personas mayores—, con un mayor peso relativo de la primera en relación a la segunda; proporcionando así una oportunidad para el incremento de las tasas de ahorro y el crecimiento de las economías, ya que una mayor proporción de trabajadores no solo representa una reducción del gasto en personas dependientes, sino que tiende a impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el ingreso y la acumulación acelerada del capital”.

Según Enrique Godoy, el bono demográfico requerirá una fuerte inversión en capital humano e infraestructura para producir un “cambio de modelo económico”. Como “estrategia de competitividad”, plantea aumentar el déficit fiscal —aumentar la deuda pública— y sostenerlo en los próximos 10 años. “Hay espacio para el endeudamiento”, manifestó Godoy, “que servirá para hacer las inversiones necesarias para que la próxima generación sea más educada y nutrida”. Suena bien, si se pudiera creer en esto como una inversión que producirá retornos en la forma de mayor productividad, producción y demanda de empleos. No hay duda de que invertir en educación e infraestructura es positivo para el progreso del país y sus habitantes, pero esto se sabe desde hace mucho tiempo, con o sin bono demográfico.

El hecho es que el Gobierno no ha invertido en educación e infraestructura lo que debe y como se debe, porque lo malgasta y dedica demasiados recursos a otras cosas, a expensas de sus funciones esenciales. Las oficinas, secretarías, direcciones e innovadoras dependencias estatales clientelares y políticamente correctas se reproducen como bacterias en una herida fétida, mientras que lo esencial languidece. El sistema de educación pública es un modelo centralizado, burocrático y caduco, dominado por los sindicatos y agendas políticas e ideológicas, que no se compone con tirarle más dinero, menos aún con más deuda. El modelo de gobierno imperante es incapaz de mantener en buen estado la infraestructura existente, como es testigo cualquiera que viaje por tierra a Xela o Huehuetenango. A la clase política le fascinan las “obras”, proyectos de infraestructura, por motivos de sobra conocidos. Son miles de millones de quetzales, como fruta colgando de ramas bajas o un chivo amarrado indefenso ante un depredador.

Un plan de competitividad tendría que empezar por identificar y eliminar toda la regulación y control burocrático inútil que obstaculiza la producción. Tendría que enfocarse en la certeza jurídica y la seguridad de las personas y la propiedad. Vale la pena endeudarse cuando los recursos adicionales pueden emplearse de manera productiva. Actualmente, ese no es el caso, los recursos adicionales desaparecerían en ese profundo y oscuro pantano llamado gasto público. Antes de pedir más deuda, la manera de usar los recursos tiene que cambiar.

ESCRITO POR:

Fritz Thomas

Doctor en Economía y profesor universitario. Fue gerente de la Bolsa de Valores Nacional, de Maya Holdings, Ltd., y cofundador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

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