En los últimos meses ha habido un creciente interés en tratar temas laborales. Dos hechos han generado este interés: el primero es la iniciativa de algunos sectores empresariales de avanzar con su agenda, y el segundo es el incumplimiento de una serie de compromisos asumidos por el Estado guatemalteco ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lamentablemente el interés de los trabajadores y de los que desean contar con empleo decente, que constituyen la gran mayoría de guatemaltecos, pareciera haber sido una consideración secundaria en toda esta actividad.

El dominio de la agenda empresarial en materia laboral se reflejó claramente en la aprobación del Convenio 175 de la OIT por parte del Congreso, que regula la contratación de trabajadores formales a tiempo parcial. Aunque el poder ejecutivo también había enviado al Congreso el Convenio 189, que asegura ciertos derechos a las y los empleados domésticos, ni el Congreso, ni el poder ejecutivo, ni el sector empresarial expresaron el menor interés en que se aprobara. Es parte de una agenda pendiente e importante que el actual Congreso difícilmente asumirá, puesto que la presión internacional para aprobarla es menor y el sector empresarial no simpatiza con esta propuesta

Por otra parte, la ministra de Trabajo, en una entrevista reciente en Contrapoder (17/02/2017), puso en evidencia lo que parecía ser su gran temor: que Guatemala fuera objeto de denuncias en la OIT, en sus próximas sesiones de marzo en Ginebra, por el incumplimiento de compromisos laborales asumidos en el pasado. Pero habría que matizar este temor en dos sentidos.

Primero, la OIT se caracteriza, por su origen y composición (con representantes de trabajadores, empresarios y gobiernos), en favorecer negociaciones y avances graduales más que por denuncias y sanciones. Es poco probable que Guatemala sea objeto de una sanción por parte de la OIT en marzo. Más realista es que la amenaza de una sanción futura, que hasta ahora se ha reflejado en la posible constitución de un grupo que realizaría una investigación laboral en el país (Comisión de Encuesta), se mantenga para poder seguir presionando al gobierno y al sector empresarial con el fin de avanzar con el cumplimiento de los compromisos laborales que Guatemala ha asumido.

Segundo, es más importante avanzar con una agenda laboral verdaderamente nacional en vez de concentrar los esfuerzos en evitar supuestas sanciones de la OIT. El gobierno propuso en enero una “Política Nacional de Empleo Digno” que, aunque tiene algunas orientaciones de carácter estratégico válidas, tiene un carácter muy general, sin una institucionalidad para implementarla y sin actividades específicas para concretarla. Además, resulta increíble que una propuesta sobre empleo “digno” no tome en cuenta el tema salarial.

Es más esperanzador el rápido avance en el Congreso por aprobar una ley para fortalecer la inspección laboral, seguramente favorecido por el temor de sanciones provenientes de la OIT, y que resultó de un proceso de negociación entre representantes sindicales y del CACIF, con una ausencia casi total de participación gubernamental. Esta legislación le dará al Ministerio de Trabajo una mayor capacidad para que haga cumplir la legislación laboral existente. Talvez ya no quede en letra muerta, y podría abrir el espacio para implementar una política de empleo, salarios e inversión que beneficie al conjunto del país. Generar empleo digno, y no tanta atención a lo que ocurra en la OIT durante el mes de marzo en Ginebra, es lo que amerita prioridad.

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