El sistema de justicia dio ayer, en menos de una hora, dos importantes pasos en la lucha contra la corrupción, al emitir resoluciones claves en contra del otrora binomio presidencial. Una es la conclusión de la etapa preliminar de la audiencia de primera declaración, cuya protagonista principal era la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien quedó ligada a proceso por asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, en el sonado caso conocido como La Línea.

En el segundo paso, la Corte Suprema de Justicia resolvió, por unanimidad, darle trámite a la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra el presidente Otto Pérez Molina, a quien se sindica de encabezar la mencionada estructura. Quizá el más duro revés es contra el mandatario, quien el domingo asumió una actitud confrontativa y ofreció una disculpa superficial, pues culpó a varios sectores de la situación que su administración afronta.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, fue lo suficientemente cuidadoso para dedicar tiempo a fundamentar su decisión con una cátedra sobre la coherencia ética requerida para el ejercicio de los cargos públicos, al afirmar que cualquier puesto, de todo nivel, debe desempeñarse con honestidad, sobre lo cual fundamentó su decisión para que en el proceso que se abre se puedan esclarecer los alcances de la participación de la ex vicepresidenta.

De hecho y para comprender los señalamientos que pesan contra el presidente, el juez Gálvez también reflexionó sobre los reales intereses que puede tener un mandatario que se entromete en minucias burocráticas como decidir el nombramiento de funcionarios de menor rango, según lo revela una escucha telefónica presentada por el MP, cuando se oye al mandatario ordenar de manera tajante un cambio en la jefatura de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria.

En el trámite que se ha iniciado contra Pérez Molina, el pleno de magistrados de la CSJ concluye que la denuncia “no es espuria ni política”, lo que a su vez traslada una nueva brasa al Congreso de la República, en donde el mayor desgaste ha recaído sobre los diputados de Líder, que son señalados de defender al mandatario, de retrasar el proceso legislativo y de haber evitado que avanzara la primera solicitud de antejuicio impulsada por el legislador Amílcar Pop. Ahora esa sospecha se redobla si ocurre lo mismo con este nuevo caso.

Lideristas y patriotistas se han aliado en anteriores ocasiones. En cuanto a los oficialistas, resulta obvia la postura, pero respecto de los supuestos opositores, tal acuerpamiento les ha acarreado desprestigio y rechazo, factores que pesan, y mucho más cuando estamos a 11 días de las elecciones, que son la única apuesta sobre la que cifran sus esperanzas. Es por ello que cada integrante de esta perversa alianza estará bajo la lupa ciudadana, ya que los guatemaltecos no pueden seguir tolerando que persista el abuso de poder de políticos que solo velan por sus intereses.