Se equivocan quienes piensan que frenar el avance de la justicia para favorecer a corruptos puede beneficiar a unos cuantos y quedar impunes. No solo es una falsa ilusión, sino que las consecuencias las pagarán millones de personas, si se profundizan inestabilidad, incertidumbre jurídica y corrupción.

Venezuela es el ejemplo más patético de ello y desde que el espejismo del populismo echó raíces en ese país la situación empeora cada vez más, como lo atestiguan las dolorosas imágenes de venezolanos cruzando por los pasos fronterizos con Colombia para emprender a pie un viaje de miles de kilómetros, en el caso de quienes no tienen otra manera de abandonar el país.

La crisis venezolana se agudiza cada día y ahora está bajo seria amenaza la fuente de ingresos por la venta de petróleo, pues debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A., no puede negociar su deuda con ese país y estaría en riesgo de perder una de las refinerías más rentables en suelo estadounidense, lo que puede desencadenar en el acabose para el tirano caribeño.

En Nicaragua ocurre algo parecido, y según la más reciente actualización de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), a casi seis meses de iniciada la crisis la inestabilidad no da signos de retroceder, lo que ha tenido un intolerable costo en vidas humanas y daños, también irreparables en términos económicos.

Un escenario planteado por los empresarios nicaragüenses esboza un acomodamiento en las circunstancias actuales, de mucha volatilidad social, lo cual podría traducirse en casi mil millones de dólares en pérdidas para el presente año.

En el segundo escenario se plantea la posibilidad de que la hostilidad se prolongue más de lo necesario, en cuyo caso el sondeo empresarial plantea las pérdidas económicas en más de mil 200 millones de dólares. El temor de los ciudadanos también ha desatado el pánico en el sistema bancario.

Además, como un lógico paso ante la incertidumbre prevaleciente, los recortes empresariales han eliminado por lo menos 350 mil plazas de trabajo. Esto, junto a la represión, desató el éxodo de miles de nicaragüenses hacia países vecinos, y quienes tienen posibilidades lo han hecho a latitudes lejanas, como lo dio a conocer el diario El País, de España, al reportar el desembarco en Europa de los millonarios de Nicaragua.

El informe de los empresarios nicaragüenses reporta que la actividad comercial es la más afectada, seguida por la hotelera, el consumo en restaurantes y la construcción, lo que explica el enorme drama laboral que ya afronta ese país y que, de no encontrar una salida, extenderá sus alcances a la región.

Estos son los inconcebibles daños colaterales que conllevan la corrupción, el abuso de poder y la cooptación de las instituciones, porque los sectores mayoritarios pagan las consecuencias. Guatemala enfrenta en estos momentos una coyuntura compleja, pues los esfuerzos por maniatar a la justicia pueden desencadenar reacciones indeseables e impredecibles, si como hasta ahora se insiste en el discurso oficial y se relativiza el concepto de justicia.