Guatemala dio ayer un paso hacia lo desconocido en la consolidación de la institucionalidad, con la elección de la terna de candidatos a dirigir la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyo relevo está programado para el próximo mes de agosto.

Esto porque la elección que se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso no estuvo exenta del bochorno, como el hecho de no tener claridad sobre el número de votos que implican una mayoría calificada, lo cual se pretendió corregir con una discusión posterior, algo que a todas luces era una arbitrariedad, que de hecho motivó ya la primera acción legal contra ese proceso en la Corte de Constitucionalidad.

Otro hecho llamativo fue el aparente desconocimiento o incluso algún desacuerdo con uno de los candidatos, quien obtuvo siete votos de los 13 probables y acumuló seis abstenciones, mientras que los otros dos finalistas tuvieron un voto más consistente, al obtener uno de ellos el voto unánime de los integrantes y la segunda aspirante, 11 de los 13 probables.

Ahora el proceso debe pasar al pleno, donde, sin duda, todavía es incierto el favoritismo de alguno de los aspirantes a dirigir una de las instituciones más importantes para el respeto de garantías fundamentales, una tarea que no puede dar marcha hacia atrás en la evolución que esa oficina ha tenido en los últimos años y donde lo menos que se debe esperar es el seguimiento a una actitud vigilante hacia arbitrariedades gubernamentales de manera independiente.

El tema adquiere mayor relevancia porque desde hace varios días se especula sobre las intenciones de varios sectores para maniatar a la PDH, pues para muchos las quejas de los últimos magistrados de conciencia no han dejado de ser incómodas, lo cual es natural, pero en cambio sería un retroceso si a ese alto cargo llegara una persona servil, carente de carácter o dócil hacia quienes no dudarán en buscar influir en sus decisiones.

Si esa percepción se materializa se le estaría endosando una pesada carga a quien resulte favorecido, porque todo lo ganado hasta ahora corre el riesgo de perderse, además de convertir una oficina de tanta importancia en un despacho inoperante o al servicio de mezquinos intereses, incapaz de cumplir con una misión llamada a condenar cualquier abuso de poder o de censurar aquellas conductas, privadas o públicas, que lesionen intereses mayoritarios.

En un país caracterizado por el abuso y el irrespeto a elementales derechos, solo el tiempo y el desempeño de quien resulte elegido para ocupar tan relevante cargo permitirán comprender el alcance de la decisión que tome el pleno del Legislativo en las próximas semanas, y lo deseable es que esa elección no vaya a ser de nuevo fuente de críticas para los diputados, pues lo hecho hasta ahora por la actual legislatura deja mucho que desear, como la insensatez de aprobar decretos en su propio beneficio.

La elección del nuevo procurador de los Derechos Humanos debe ser un reto para el Congreso y por lo mismo tiene que estar alejada de manipulaciones o compromisos sectarios, mucho menos de presiones de sectores interesados en que nada cambie, lo cual solo se puede contrarrestar con un compromiso genuino con el fortalecimiento del estado de Derecho.