La última protesta de una parte del sector magisterial, encabezada por el cuestionado dirigente Joviel Acevedo, ha provocado que el Congreso incurra en una medida populista para corregir un entuerto que huele a demagogia.

Los diputados buscan ahora congraciarse con el gremio magisterial y con los burócratas, quienes se quejaron por el alza en el descuento en sus salarios para financiar el aumento a un sector de clases pasivas, decretado en febrero, el cual, si bien era una dádiva a retirados con menores ingresos, carecía de cualquier base técnica y criterio de sostenibilidad.

Lo primero que los legisladores deberían entender, empezando por Mario Taracena, es que ningún Estado puede seguir funcionando en base a reclamos sectoriales, y menos cuando no existen claras fuentes de financiamiento para satisfacer esas demandas.

En el presente caso, lo más vergonzoso para los representantes del pueblo es que vuelven a incurrir en el desacierto de cargar ese nuevo gasto a las obligaciones del tesoro, que no tiene esos recursos, por lo que al final esa medida redundará en una nueva emisión de bonos, o sea más deuda.

La acción suena bondadosa y solidaria con los beneficiarios, pero que solo profundizará la crisis financiera que afronta el Estado, donde cada mes se constatan las múltiples penurias, precisamente porque a muchas entidades se les recortó el presupuesto, ante el incumplimiento crónico de las metas tributarias.

Si hay condiciones de marcada precariedad que afectan a miles de burócratas jubilados es porque ha prevalecido el criterio de los políticos que se afanan por quedar bien con la clase dirigente, sin molestarse en trazar una renovación total, moderna, viable y visionaria del sistema de clases pasivas.

Cualquier solución que se pretenda implementar en este campo debe hacer partícipes y sufragantes, de manera clara y transparente, a quienes tarde o temprano se beneficiarán de tales aportes, en lugar de simplemente trasladar la carga a los contribuyentes. No se discute la necesidad que afrontan miles de jubilados, sino el modelo que ha adoptado este país y sus dirigente de buscar solucionar las penurias financieras con más endeudamiento.

Guatemala arrastra desde hace años, por cortesía de la mediocridad, la miopía y la mezquindad de los congresistas de diversas legislaturas, una mala previsión del gasto público, por lo cual resulta aún más desfachatado que 120 legisladores se ufanen ahora en mantener un aumento cuyo sostenimiento no les cambia en nada la vida de privilegios a ellos, que sin duda tratarán de cobrar con el respaldo de una oscura dirigencia que es capaz incluso de abandonar sus puestos de trabajo, en perjuicio de miles de estudiantes.

Lo que se requiere es un poco de responsabilidad de quienes tienen el poder de decidir de un plumazo sobre el destino de Q400 millones, que lamentablemente no existen y la única vía para hacer que los diputados queden bien con el sector público es acrecentando el endeudamiento, porque el Estado sigue siendo incapaz de mejorar los ingresos.