A manera de resumen, los representantes de la SIP expusieron su preocupación por la inseguridad en la que se desenvuelven muchos periodistas, principalmente aquellos que laboran en los departamentos. En segundo lugar manifestaron su inquietud por las amenazas a la libre expresión del pensamiento, debido a las acciones gubernamentales interpuestas en judicaturas penales, en lugar de hacerlo en los tribunales de Imprenta, como corresponde.

El mayor énfasis de la visita estuvo en la necesidad de salvaguardar la vida de quienes ejercen el periodismo, ya que en la libertad de prensa se asienta la sostenibilidad y legitimidad del sistema democrático, que encuentra en los medios informativos uno de los contrapesos más efectivos, pues no se puede concebir un gobierno que no necesite de cuestionamientos o críticas para orientar mejor sus esfuerzos en la construcción de una nación. La pluralidad de visiones enriquece, lejos de la concepción que tienen ciertos políticos que solo esperan elogios.

De hecho, lo que más preocupa a la SIP es que por lo menos durante el último año fueron asesinados en el país cuatro periodistas y hasta ahora ninguno de esos casos ha sido esclarecido; a ello se suman otras ataques violentos contra comunicadores que providencialmente lograron sobrevivir, aunque no sin secuelas de temor. No obstante, la investigación ha sido pobre y la acción punitiva, inexistente, porque el Gobierno se ha enfrascado en integrar una comisión específica que tampoco ha mostrado avances.

Lo que más debe destacarse es que el solo arribo de esa delegación tiene implicaciones que deben ser analizadas cuidadosamente, pues se originan precisamente ante denuncias de posibles abusos o muestras de intolerancia hacia la libertad de expresión en el país. Las acciones emprendidas por los gobernantes al acudir a instancias inadecuadas fue evidencia del impacto que deseaban causar. Lo peor de todo es que los asesores legales fueron lo suficientemente ineficientes como para permitir la presentación de denuncias por delitos inexistentes, como es el caso del desacato, que oportunamente corrigió la Corte de Constitucionalidad.

Por esa razón se debe insistir en que la libertad de expresión es uno de los más sagrados derechos de toda sociedad, aunque lamentablemente es uno de los menos apreciados por la misma sociedad, que parece verlo como un ejercicio exclusivo de los periodistas. No obstante, con la multiplicación de canales y audiencias, se hace cada vez más difícil para aquellos que se molestan con las noticias incómodas callar el legítimo y honesto ejercicio de medios independientes.