Uno de los efectos más naturales de la corrupción es que a partir de los primeros casos descubiertos, hace poco más de un año, las denuncias han ido en aumento.

Resulta comprensible, porque el despliegue informativo que han recibido las más altas personalidades que han resultado implicadas y, sobre todo, que han sido enviadas a prisión preventiva facilita la interpretación de que se puede proceder contra los más altos dignatarios de un país.

Con ello se consolida la percepción de que la justicia puede extender su poderoso brazo hasta los niveles más insospechados de la administración pública y que para ello solo se requiere la acción independiente de quienes tienen en sus manos la persecución de las actividades criminales.

Según reportes de la Fiscalía contra la Corrupción, en el 2015 las quejas contra funcionarios públicos por irregularidades aumentaron casi en 400 por ciento, lo que traducido en números representa que en el 2014 se presentaron 162 y en el 2015 llegaron a 806, lo cual evidencia un saludable proceso de denuncia.

Esta es la mejor acción que puede fortalecer cualquier sistema de justicia, pues son los usuarios y las personas que se dedican a la fiscalización de las actividades públicas quienes más contribuyen a que eso ocurra, ya que los Estados no hacen mayores esfuerzos por transparentar sus procesos y más bien buscan evadir controles y mecanismos de fiscalización.

Pero en el 2015, y se espera que esa tendencia continúe, lo que más contribuyó a fomentar ese tipo de denuncias fue la indignación provocada por los abrumadores casos que atacaron el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a cuyos responsables de dirigir esas operaciones no les tembló la mano para enderezar investigaciones y procesar a una gama de funcionarios de alto perfil.

También ha contribuido en el aumento de los casos que se conocen en el MP la puesta en vigencia de la Ley de Acceso a la Información, que principalmente las autoridades municipales ignoran pero que contiene requerimientos que no se pueden evadir y que por eso ahora también se han dado persecuciones por cohecho o falsedad material, herramientas que contribuyen con las labores del MP.

Con el fortalecimiento de la legislación, las denuncias ciudadanas y la decidida acción de las autoridades puede también lograrse un gran avance en la batalla contra la impunidad en los delitos de cuello blanco, que hasta ahora habían sido de los menos perseguidos, gracias al contubernio entre las autoridades de los distintos poderes que han conspirado para maniatar al sistema de justicia.

Otro de los grandes avances en contra de la corrupción es que además de los funcionarios locales, que son los que encabezan las denuncias, ahora también hay procesos contra muchos trabajadores de los otros poderes del Estado, pero además, en casos recientes se registran procesos contra empresarios, algo que era inusual hace apenas un año. Todo un cambio que permite albergar esperanzas en la justicia.