Cada vez son mayores las sorpresas derivadas de la actual crisis política del país. Ayer se dieron dos: la dimisión del secretario general de la Presidencia, pareja de la hija del gobernante Otto Pérez Molina, quien así aumenta su soledad personal, institucional y política en la que se encuentra, lo cual acrecienta su debilidad y hasta llega a poner en entredicho su continuidad en el cargo, una de las más fuertes exigencias de algunos sectores ciudadanos.

Poco después, el presidente informó que Estados Unidos ofrece, a partir de mañana, utilizar detectores de mentiras, o polígrafos, para hacer las investigaciones relacionadas con la Superintendencia de Administración Tributaria, aunque no se darán a conocer los nombres de quienes no pasen las pruebas de los técnicos pertenecientes al Departamento del Tesoro y que vengan con la meta de efectuar esas mediciones dirigidas a luchar contra la corrupción.

Esta colaboración estadounidense viene a comprobar la profunda preocupación existente en Washington por los niveles de corrupción a los que se ha llegado en Guatemala, rechazados con claridad y dureza por los guatemaltecos a partir del 16 de abril recién pasado, en cuatro manifestaciones públicas y miles de mensajes a través de las redes sociales. Se puede inferir entonces que la crisis no ha terminado y que puede ampliarse a otros temas, distintos a la renuncia del presidente.

El hecho de que haya sido aceptada la oferta estadounidense solo se puede explicar como una prueba de la imagen de mentirosos que tienen los funcionarios públicos. Solo con aparatos tecnológicos modernos se puede asegurar la verdad de las declaraciones de estas personas, lo que en realidad significa un convencimiento de que ha desaparecido —ojalá no para siempre— la confianza en la palabra de quienes llegan a engrosar las filas de la burocracia.

Aunque sea de manera indirecta, lo ocurrido ayer afecta al proceso electoral y a los próximos comicios, porque los grupos ciudadanos podrían solicitar, con la misma lógica de que Estados Unidos ayude a afianzar las instituciones guatemaltecas, que los polígrafos sean utilizados en todos los candidatos —presidenciales, para diputaciones y para alcaldías— y otras figuras partidistas. La pregunta principal se referiría al origen de los millonarios fondos utilizados para las campañas, a fin de que expresen si es oscuro o ilegal por provenir de estructuras criminales. Todo esto es parte de la labor de recuperar la credibilidad en el proceso.

Es necesario señalar que todas estas acciones deben tomarse de inmediato, y en el caso de los integrantes de la Superintendencia de Administración Tributaria, darse a conocer. Otra de las exigencias de los ciudadanos es el fin de la impunidad, que comienza con la información sobre quiénes no pasaron las pruebas, aunque esto sería insuficiente si se presentara en los tribunales. Estos aparatos son muy usados por empresas y gobiernos para reclutar personal, por lo que también deberían emplearse para evaluar a quienes aspiren a ocupar puestos de elección popular y sobre todo cuando tengan a su cargo el manejo de cifras millonarias pertenecientes al erario.