La primera semana del cuarto mes del 2016 comienza con la preocupación que deben sentir los guatemaltecos a causa de dos acciones relacionadas con el Congreso. La primera, prohibir que las encuestas electorales presenten resultados a partir de 15 días antes de los comicios. La segunda, la capacidad del Parlamento de requerirle a particulares presentarse a responder preguntas respecto de cualquier tipo de decisiones, ya sea personales o de empresas privadas.

Las encuestas son instrumentos válidos de medición cuando son profesionalmente realizadas. Por eso aciertan en los resultados, como ha sucedido en Guatemala desde que fueron agregadas a los procesos electorales. En las elecciones pasadas hubo dos casos claros de manipulación grotesca, uno protagonizado por Manuel Baldizón y su difunto partido Líder, que simplemente inventaba datos, y el otro financiado por el PAN y su candidato Juan Gutiérrez, quien contrató a un desprestigiado personaje extranjero que no dudó en asegurar que las otras encuestas eran patrocinadas por la prensa al servicio de la oligarquía, como este periódico. Demás está decir que los resultados reflejaron las proyecciones.

Los cambios aprobados por el Congreso a la Ley Electoral van en la línea de afectar la libre emisión del pensamiento, lo cual los políticos casi siempre apoyan. Señalamos hoy uno de los más nocivos.

El segundo tema de preocupación se refiere a la capacidad de los diputados a requerir, es decir, citar con autoridad, a cualquier ciudadano para pedirle explicaciones e informes de decisiones tomadas por personas individuales o empresas privadas. El asunto viene al caso porque, la semana anterior, el representante de un banco del sistema fue llamado por la Comisión de Finanzas del Congreso, donde fue interrogado bajo juramento.

Es necesario solicitar a la Corte de Constitucionalidad si es legal el artículo de la Ley Orgánica del Congreso referente a este tipo de situaciones. Evidentemente, esta capacidad la tienen los miembros del Parlamento en el caso de cualquiera de los funcionarios públicos; pero si todo ciudadano está obligado a informar de asuntos internos económicos personales o institucionales, la puerta se abre para todo tipo de presiones indebidas e ilegales.

Al respecto, es necesario señalar la relación de las comisiones de Finanzas y de Probidad y cómo están integradas, así como los poderes que hoy tiene sobre ellas la Unidad Nacional de la Esperanza. Ambas son presididas por diputados uneístas. En la primera, de sus 21 miembros, 10 son de esa bandería; es decir, el 48%, por lo cual con una sola ausencia tienen la mayoría. De la segunda, de 10 miembros tienen siete, equivalentes al 70%.

Los dos temas esbozados hoy, que deben ser objeto de varios tipos adicionales de análisis, comprueban que el Congreso tiene la potestad de decidir cambios nefastos cuando los intereses partidistas se colocan antes que los legítimos de la población. Ante la avalancha de problemas de urgente solución, temas de enorme importancia pero menos o nada notorios quedan fuera de la vista de la ciudadanía, que posteriormente solo debe enfrentarse a las consecuencias, pero poco sabe de las causas que se esconden tras bambalinas negras.