Solo el presidente Otto Pérez Molina hizo una alusión, con cierta dosis de descalificación  a los medios de comunicación independientes, y   planteó la necesidad de sostener una reunión con los prelados para exponer su punto de vista y  la realidad tal y como él y su equipo de gobierno la ven. Algo que también ha sido habitual en todos los gobernantes es que no tienen ese tipo de acercamientos como una práctica que debiera ser extensiva hacia otros sectores, y no solo cuando  no están de acuerdo con   opiniones diferentes.

Ese es un enorme valladar que se vuelve repetitivo en muchos otros sectores, donde la participación está casi vedada para un mínimo de disenso, pero quizá en el campo de los políticos es donde más deberían resonar esas inquietudes. Primero, porque son quienes viven en constante lucha por asumir el poder, y segundo, porque hasta ahora quienes han accedido a  puestos de decisión   han hecho un mal uso de ellos y dejan tras de sí una estela de desconfianza, debido a sus criticables prácticas de gobierno.

Sería todavía más relevante que así como se pronunciaron los obispos de Guatemala surgieran otras voces discordantes con la forma de hacer política en el país, porque en la medida en la que crezca la crítica o los puntos de vista menos complacientes con las autoridades de turno, así también puede ir fortaleciéndose la voz de la sociedad. Esa es una obligación moral de todos los ciudadanos, ya que hasta ahora son escasos los sectores que muestran su rechazo  a los reiterados excesos en la administración pública.

Para los políticos puede resultar  fácil desoír ese clamor, lo cual solo ratificaría la soberbia que los domina, pues hasta ahora han hecho virtualmente lo que se les da la gana con las leyes, designación de altas autoridades de instancias determinantes en la consolidación de la institucionalidad, y eso sin duda los tiene confundidos, porque les ha resultado cómodo gobernar en un contubernio político que ha sido oprobioso para los guatemaltecos. Quizá eso explique también la peor crisis que afronta el país en materia de seguridad, educación y latrocinio, porque se ha perdido hasta la dignidad.

La debilidad institucional es una de las peores por las que ha atravesado el país, y debería existir un mínimo de compromiso por no continuar por esa ruta de deterioro. Uno de estos lamentables ejemplos es el que ocurrió recientemente en la virtual anulación del poder judicial, con una elección repudiable que hace sospechar de la independencia de esa instancia.

Ante ese estado de cosas es que se hace necesario que voces como las de los obispos se dejen escuchar con más vehemencia.