Con un tono asertivo, conciliador, pero vehemente, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) señaló el jueves último, a través de un comunicado, dos situaciones de crucial actualidad. El impacto de la pandemia de covid-19, que ha puesto en evidencia las precariedades del sistema de Salud, y las deficiencias burocráticas que por décadas han lastrado su mejora. No obstante, la invitación es a mejorar este servicio vital, a la vez que se elogia la solidaridad de tantos guatemaltecos.

En segundo lugar, los obispos subrayan con preocupación el retraso del Congreso respecto de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Si bien reconocen que las sucesivas demoras sufridas por el proceso tuvieron una causa legal, cuestionan en el momento actual la parsimonia para proceder a la designación final. Plantean algunas preguntas: “¿A quién beneficia esta postergación? ¿Al pueblo de Guatemala, al orden constitucional, al bien común, a la convivencia pacífica y armónica de la sociedad guatemalteca? ¿O a actores y sectores con intereses en que la justicia pronta y cumplida no sea un objetivo realizable en nuestro país?”.

Resulta llamativo que ciertos diputados y diputadas que se dan baños de fervor para impulsar la reapertura de iglesias católicas en pleno auge de contagios no tengan la misma proactividad para reaccionar al llamado de los obispos o para demandar que su bancada impulse una sesión permanente para proceder a dicha elección, de la cual obviamente deberían ser excluidos todos aquellos aspirantes que buscaron el patronazgo del operador político Gustavo Alejos, otro tema que queda a un lado para tan piadosos representantes.

La CEG expresa su llamado de manera elocuente pero respetuosa, con total cuidado de la separación entre Iglesia y Estado. Propone una ruta de valores y búsqueda del bien común para encontrar la suficiente motivación moral y legal que parece faltar en el hemiciclo. “Ese estado de Derecho les compromete en sus responsabilidades y les ayudará a evitar tentaciones de soluciones politiqueras. Eso esperamos nosotros y eso espera el pueblo de Guatemala: la política en cada ámbito al servicio de la justicia”, expresa la carta, que deja claro que tanto por acción como por omisión se puede fallar al compromiso adquirido con el pueblo de Guatemala, que eligió a tales representantes no como un cheque en blanco, sino como una gestión con responsabilidades deducibles.

Asimismo se expone la imperiosa necesidad del equilibrio de poderes, de garantizar el sistema de pesos y contrapesos, algo contra lo cual atenta la injerencia politiquera o de negociantes interesados, por lo que el llamado es a actuar de forma coherente y a dejar de lado las excusas farisaicas. “Con sus recientes actuaciones ¿consideran ustedes que reconocen la soberanía de la Ley, evitando el peligro de retorcerla e interpretarla de acuerdo a sus intereses? Al fin de cuentas hoy por hoy el pueblo de Guatemala no sabe a ciencia cierta cuáles sean sus reales y verdaderos intereses… Sin querer ser ingenuos, debemos pensar también en quienes pueden ejercer presiones indebidas o bloqueos fácticos”.

Finalmente, se recalca que lo que se encuentra en juego es la institucionalidad del país. Cualquier componenda de bloques que persiga colocar a allegados en otro poder del Estado atenta contra la misma y, por lo tanto, contra el mandato proveniente de la ciudadanía.