Estados Unidos
Editorial
A un mes de matanza, persiste incertidumbre
La verdad para Huité puede hacer de este caso un precedente ejemplar en beneficio de todo el país.
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A un mes de la matanza de ocho civiles, incluyendo un menor de edad, en pleno casco urbano de Huité, Zacapa, el dolor de las familias sigue a flor de piel. Mientras tanto, las preguntas sobre lo ocurrido siguen sin respuestas suficientes. Para las autoridades han sido semanas de comunicados, versiones que no terminan de encajar y aducción de supuestas ignorancias que dejan en entredicho la razón de ser de los propios cargos. Para quienes perdieron a sus seres queridos de manera tan brutal, en cambio, el tiempo no alcanza ni alcanzará para poner distancia con aquel mortífero crepúsculo y sigue vigente tanto su sollozo como su exigencia de justicia.
La investigación del Ministerio Público (MP) requiere reserva: la secretividad puede ser necesaria para no comprometer diligencias, para proteger evidencias y para no alertar a posibles responsables. Pero esa justificación legítima no puede convertirse en una excusa para que la ciudadanía permanezca indefinidamente sin explicaciones sobre un hecho de semejante gravedad. Respetar la investigación no significa una espera indefinida. Las interrogantes son demasiado importantes para quedar sepultadas bajo el hermetismo.
¿Quiénes participaron en el operativo? ¿Cuál fue la cadena de mando militar de los soldados que llegaron al área? ¿Los militares puestos a disposición del MP corresponden a la totalidad del personal involucrado o todavía hay participantes sin identificar? Los videos captados por civiles y diseminados por redes sociales dejan entrever la posibilidad de una operación fallida, y si así fue, es necesario señalar qué objetivo tenía. De hecho, una de las dudas es cómo pudo retirarse de Huité un comando armado después de varias horas de permanencia en el lugar y sin reporte de avistamiento en su fuga?
Las afirmaciones oficiales acerca de la pasividad en apresto o la ubicación de los vehículos militares J8 han sido cuestionadas por imágenes que muestran movimientos distintos de los descritos inicialmente. Pero se necesita conocer a la brevedad los dictámenes de los investigadores, porque en un caso de alto impacto como este, el silencio no apaga las dudas; por el contrario, las aviva.
Si se trataba de una operación autorizada encubierta que fracasó, deben precisarse sus objetivos, sus responsables y las razones por las cuales los individuos armados dispararon contra civiles indefensos. Así como el error no es fuente de jurisprudencia, los errores operativos no excusan la pérdida de vidas inocentes. Por supuesto que no queda fuera la hipótesis de una acción unilateral en la que pudieron participar elementos paramilitares bajo oscuros fines, pero hasta eso debe demostrarse fehacientemente.
Poco ayuda el reciente fiasco policial de efectivos de la comisaría 13 que implantaron un arma a dos jóvenes justo en los minutos críticos para poder rastrear, perseguir y encajonar a los victimarios de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar que dispararon a mansalva y en público más de 50 balas, en un área que supuestamente tenía videovigilancia. Por desgracia, no se contaba con tal sistema, porque a pesar de tantos burócratas, el Ministerio de Cultura no la había contratado y privó a Guatemala de la posibilidad de tener un recurso clave para identificar a los criminales. Pero en Huité sí hubo cámaras, incluso en los momentos de mayor terror, y esos indicios en algo tienen que ayudar a dar respuestas. La verdad para Huité puede hacer de este caso un precedente ejemplar en beneficio de todo el país, a fin de que el luto no quede reducido a una estadística infausta.
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