EDITORIAL

Abogados deben exigir idoneidad impoluta

A causa de la naturaleza de su profesión, del plano eminentemente legal en el cual se desempeñan, pero sobre todo del intrínseco compromiso ético que exige su labor, los abogados y notarios están obligados a tener muy clara la definición de conflicto de interés: aquella situación generada por el choque entre las obligaciones de una persona en un cargo y sus intereses personales o de sus allegados. Esta colisión pone en peligro la objetividad técnica de una decisión y, por lo tanto, constituye una objeción válida, sobre todo si se trata de designar a una alta magistratura que requiere de perfil incuestionable.

Es por ello que son tan relevantes, en un momento crucial para la institucionalidad guatemalteca, los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público con referencia a la idoneidad de dos candidatos a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad: el juez Mynor Moto y el exrector de la Usac Estuardo Gálvez, quienes se postulan dentro del Colegio de Abogados, que desarrollará una votación el próximo 4 de enero para suplir el espacio titular que dejó el magistrado Bonerge Mejía, fallecido el 10 de agosto a causa del covid-19.

Aunque dicha elección del Cang solo tendrá una vigencia legal de cuatro meses, a fin de cubrir el período restante del fallecido magistrado constitucional Mejía, el gremio legal de Guatemala no debe tolerar la mínima sombra de duda sobre cualquiera de los aspirantes. Menos recomendable aún es que se avale la participación de quienes se encuentran vinculados en procesos por posible corrupción y contra quienes existen indicios comprometedores, lo cual constituye en sí mismo un conflicto de interés imposible de ignorar o de tolerar profesionalmente.

En el caso del magistrado Mynor Moto, fue vinculado por la Fiscalía dentro del caso denominado Bufete de la Impunidad, debido a que no ha acatado dos órdenes de sendas salas de Apelaciones en las cuales se le ha indicado revocar resoluciones que fueron emitidas por él y que perjudicaron una investigación penal y un proceso judicial. Tal desacato se sale del concepto de independencia judicial, puesto que entorpece la búsqueda de la verdad en casos de interés nacional. Moto, además, asumió el control jurisdiccional del caso llamado Comisiones Paralelas 2020, del cual debió excusarse, puesto que en ámbitos privados habría sostenido reuniones con personas vinculadas con dicha investigación.

Este caso es de alto impacto, puesto que presupone una injerencia de traficantes de favores y operadores ilícitos en el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, el cual fue suspendido ante las evidencias de reuniones ilegales entre algunos candidatos y patrocinadores con el exsecretario presidencial Gustavo Alejos. Precisamente, un visitante de Alejos fue el exrector de la Universidad de San Carlos Estuardo Gálvez, el otro objetado por el MP y quien también figura como señalado en un proceso judicial por posible corrupción por sobrevaloración de obras cuando desempeñaba dicho cargo.

Otros tres candidatos que se postulan dentro del Cang no tienen señalamientos, por lo cual dicha entidad continúa con la posibilidad de elegir al mejor titular para la CC, como un ejercicio de alta exigencia que desde ya prefigura el proceso de designación del máximo tribunal para el período 2020-2025, que tendrá lugar posteriormente, no solo en ese colegio profesional, sino también en el Congreso, la Presidencia, la Universidad de San Carlos y el Organismo Judicial.

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