Sobre el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) pesa la sospecha de clientelismo que dominó la elección de sus magistrados en 2020, efectuada a toda prisa, casi a escondidas y pese a los evidentes conflictos de interés de algunos de sus integrantes por nexos partidarios, directos o indirectos, así como vínculos con el gobierno de FCN-Nación, partido cuya cancelación debió haberse concretado hace mucho, aunque continúa jugando a la bisagra oficialista, al igual que la Unión del Cambio Nacional (UCN), que ya fue eliminado, pero cuyos integrantes ocupan posiciones directivas en el Congreso.

Para mayor descrédito, el TSE presentó en febrero último una oficiosa iniciativa de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que busca revertir la prohibición del transfuguismo. Contrario a la exigencia de la ciudadanía, busca convertir la norma en una alfombra roja para integrantes de organizaciones al borde de la supresión. Estos grupos deben, por lógica, enfrentar el costo político de haberlas integrado. Sin embargo, varias de esas bancadas sancionadas por delitos apostaron por algunos de los actuales magistrados al votar por ellos hace poco más de un año.

En este momento no existe para todos los integrantes del TSE ninguna otra alternativa para desmentir cualquier intercambio de favores, más que distanciarse de quienes los eligieron y escoger ellos el camino autónomo de la aplicación irrestricta de la ley, sin contemplaciones, dilaciones o dobles raseros. Deberían desligarse de tales ataduras por tres razones: por respeto a la historia de una institución que llegó a gozar de amplia confianza ciudadana, la cual se encuentra hoy por los suelos; segundo, por responsabilidad profesional y criterio legal centrado en el bien común, y tercero, por un apego al espíritu de la ley en un entorno plagado de vicios y amenazas para el sistema político, como la infiltración de dinero sucio, la instrumentalización de la política para agendas aviesas y el desgaste para la institucionalidad.

Actualmente pululan varios personajes politiqueros que hacen abierta propaganda de sí mismos con el declarado fin de postularse a futuros cargos. Se dedican a obsequiar objetos, a pasearse disfrazados y a avivar polémicas estériles, en lugar de proponer diálogos de altura intelectual y política acerca de los grandes desafíos nacionales, para lo cual están incapacitados. El populismo campa en los discursos superficiales e invectivas sectarias de tales individuos, que actúan con impunidad, sin una sola advertencia consistente del TSE.

La abulia, desidia, displicencia y laxitud de los magistrados solo conduce a mayores transgresiones y a más descarados atrevimientos protagonizados por alcaldes y diputados convencidos de la inacción de la autoridad electoral. Los guatemaltecos de bien atestiguan estos comportamientos afrentosos con impavidez e incredulidad, a la espera del despertar de los magistrados.

Por otra parte, la Contraloría General de Cuentas debe, desde ya, intervenir en la supervisión del uso clientelar y politizado de la ayuda alimentaria comprada con recursos de todos los guatemaltecos que se reparte a título de funcionarios venales, en la repetición aburrida de vicios que carcomen el tejido democrático desde hace décadas. Al TSE se le agota el tiempo para renunciar a sus erradas fidelidades y dedicarse a poner orden en un sistema político que más parece un mercado que un repositorio institucional del diálogo entre el Estado y la ciudadanía, en el cual hacen falta nuevos liderazgos éticos y no más oportunismos vacuos.