Estados Unidos
Editorial
Alambicar información pública es opacidad
El desafío era modernizar el sistema, no convertirlo en laberinto.
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De un plumazo, o más bien, con unos teclazos, se introdujeron hace poco más de un mes peligrosos cambios al sistema de información pública Guatecompras, para hacerlo menos sistema, menos informativo y menos público. La responsabilidad de dicho portal corresponde al Ministerio de Finanzas, cuyo titular, Jonathan Menkos, esgrime pretextos y arguye supuestos efectos colaterales para intentar justificar tan inusitado acto de opacidad, pero esto no evita la colisión contra sus propias palabras. Sí, de un teclazo contradice todo aquello que reclamaba cuando era supuesto adalid técnico de la transparencia en el manejo de recursos del Estado.
La censura implementada sobre parte de la información de Guatecompras dificulta o impide la trazabilidad de información sobre proveedores, licitaciones y contratos, sobre todo para poder rastrear historial y hacer cruces de nexos, interrelaciones y patrones de adjudicación: justamente aquello que permite fundamentar cuestionamientos no solo a este gobierno, sino a cualquier figura, partido, funcionario o exfuncionario.
También se limitó acceso al Sistema Informático de Gestión (Siges), donde era posible consultar documentos relacionados con ampliaciones, modificaciones y prórrogas de contratos, comparar condiciones y precios originales con los finales e identificar a las autoridades que autorizaron esos cambios. En otras palabras, con la aprobación de Menkos —y cabe cuestionar si la del propio presidente Bernardo Arévalo— se ha plagado de filtros opacos una plataforma creada para facilitar la transparencia. Argumenta el ministro de Finanzas que en la plataforma se hallaba información de personas que no son contratistas ni proveedores y que recibieron “algunas” quejas.
En efecto, proteger información personal y de empresas no contratistas debe ser un cuidado necesario. Si se detectó que una funcionalidad generaba vulnerabilidad, lo razonable y transparente habría sido evaluar mecanismos específicos para corregir esa situación, sin coartar la garantía constitucional de acceso a los datos que sí son públicos. Vale decir que Guatecompras no es un portal solo para periodistas, aunque estos lo utilicen frecuentemente; tampoco es una herramienta que solo sea usada por organizaciones de la sociedad civil o técnicos, como solía serlo Menkos cuando estaba en la llanura: es un portal de información para toda la ciudadanía. Alambicar el acceso a datos públicos atenta contra un derecho constitucional.
Resulta preocupante que una tácita censura digital se trate de hacer pasar como una optimización: dificultar el acceso a datos, contratos y cruces es simple y llana opacidad. Modernizar un sistema debería significar encontrar más rápido, cruzar mejor y comprender con mayor facilidad los datos disponibles. Cabe decir que esta apertura formaba parte del discurso del oficialismo cuando solo era una bancada opositora que reclamaba probidad en todas direcciones.
La implementación de los cambios no debió ser unilateral: dada la naturaleza de Guatecompras, pudo consultarse entre usuarios, academia, tanques de pensamiento, periodistas e incluso al Congreso, por ser una herramienta de fiscalización del gasto. El desafío era modernizar el sistema, no convertirlo en laberinto. En un comunicado, el Gobierno trató de aminorar el efecto anunciando que se ofreció una “capacitación” a periodistas para su uso, pero, como se mencionó antes, esta plataforma surgió para servir a la ciudadanía sin cortapisas. Solo queda suponer cuál es el verdadero trasfondo de este fiasco.
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