EDITORIAL
Alcaldes se lavan las manos con agua sucia
La resistencia de las comunas ha tenido múltiples excusas, y la más socorrida es la falta de recursos económicos.
En noviembre del 2022 y prácticamente a las puertas del año electoral, con un tinte obviamente clientelar y para congraciarse con la Asociación Nacional de Municipalidades, el expresidente Alejandro Giammattei Falla anunció la postergación, hasta el 2025, de la entrada en vigor del Reglamento de Aguas Servidas, que obliga a las comunas a construir y mantener en funcionamiento plantas de tratamiento. Esa fue la sexta prórroga desde la emisión del acuerdo gubernativo en mayo del 2006, mediante el cual se pretende evitar la contaminación de ríos, lagos y mantos acuíferos a causa de los drenajes vertidos en cuencas desde hace décadas.
La resistencia de las comunas ha tenido múltiples excusas, y la más socorrida es la falta de recursos económicos. Sin embargo, resulta inadmisible que más de tres lustros después prosiga la improvisación de planes al respecto, el endoso de culpas y la indolencia con el medioambiente, sobre todo porque en cada campaña vociferantes candidatos a alcaldías o alcaldes en busca de reelección vuelven a incluir dentro de sus promesas la mejora en la provisión de agua potable. No saben ni cómo lo harán, pero lo ofrecen, porque constituye una de las exigencias recurrentes de los vecinos.
Las “soluciones” aparentes son la apertura de pozos o las tomas de líquido de ríos cercanos. Pero no son opciones sostenibles, porque el agua subterránea sigue agotándose y muchos afluentes —por no decir todos— están contaminados por desagües vertidos río arriba. Además, comunas de todo el país igual siguen autorizando urbanizaciones que instalan más desagües, usualmente sin planta de tratamiento alguno. Entre la negligencia de ciertos alcaldes y la indiferencia de otros, el resultado es una debacle ambiental. Basta ver el río Motagua para corroborar lo que ellos no quieren afrontar.
El 30 de mayo último era la fecha límite, según la ley de tratamiento, para la entrega de los estudios municipales de aguas servidas, un análisis pertinente para poder empezar a establecer la posible ubicación y dimensión de las instalaciones de saneamiento. Pero la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo solicitado por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), que suspende los artículos que dictaminan la obligatoriedad de entregar el mencionado estudio.
En lugar de buscar vías de consenso y criterios profesionales, institucionales y ambientales para tratar de subsanar esa larga carencia de infraestructura, ahora que se suspendió la entrega del informe, también se revela la intención de buscar la derogatoria del acuerdo 246-2006, supuestamente para empezar a negociar otro reglamento, como si no se hubiese perdido suficiente tiempo y como si no fuera evidente la amenaza de muerte de tantos cuerpos de agua en el país. Ya parece un grabado de Escher el juego de sucesivas objeciones y prórrogas, bajo criterios convenencieros y clientelares. Los argumentos ediles solo denotan indiferencia hacia un problema sanitario grave, que amenaza vidas de personas y comunidades. Solo una de cada cuatro alcaldías en áreas urbanas tiene planta de tratamiento y en 17 comunas únicamente existe tratamiento terciario —retiro de basura y materia orgánica—. Cierto es que en un año difícilmente se logre comenzar la construcción masiva de plantas, pero quizá habría que cuestionar a los alcaldes si sus poblaciones resistirían un año más sin suficiente agua. ¿De dónde la van a sacar, si en sus demarcaciones se contamina lo poco disponible? Evadir esta responsabilidad es querer lavarse las manos con agua sucia.
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