EDITORIAL

Artificioso plan piloto de IA partido en 15 en el OJ

Es manido el truco de fragmentar compras para evadir licitaciones y efectuar compras con dedicatoria.

Es manido el truco de fragmentar compras para evadir licitaciones y efectuar compras con dedicatoria. En efecto, las adquisiciones directas debajo del monto de Q90 mil, contempladas en ley, buscan permitir el funcionamiento de entidades públicas en cuanto a bienes o servicios,  para una rápida provisión. Sin embargo, cuando se trata de proyectos que rebasan notoriamente esa cifra o que involucran intereses nacionales económicos, jurídicos, seguridad o justicia, ya no es tan válido escudarse en la sola premura.

Pero precisamente eso ha hecho el Organismo Judicial desde 2025, al efectuar una secuencia de contratos de adquisición directa de servicios de inteligencia artificial (IA) con un solo proveedor, con el cual se han suscrito 15 contratos en 14 meses, cada uno   por debajo de la cifra de Q89,999.99 que marca el límite legal para que sea necesario pasar por un proceso de licitación. La excusa hasta ahora ha sido que se trata de un “plan piloto”. Sin embargo, para cualquier ciudadano guatemalteco puede ser notorio que se trata de un patrón de acción. La pregunta es ¿qué se pretende ocultar en la implementación de estos sistemas?

Al inicio se justificó la compra de este servicio de análisis y procesamiento con IA para  amparos presentados al OJ, un recurso constitucional de protección de garantías y derechos contra abusos del Estado que se tramita ante una entidad integrada por profesionales humanos electos para tal efecto.  Otras compras fraccionadas se han ido ampliando a procesos relacionados como   identificación, clasificación y estructura del contenido de expedientes de agravios, apelaciones y casaciones, en las vocalías de Clemen Vanessa Juárez, presidenta de la Cámara de Amparo y Antejuicio, y la de Gustavo  Morales Duarte,  en la Cámara Penal.

De febrero a agosto del 2026, el OJ de nuevo otorgó al mismo proveedor el servicio de soporte técnico y mantenimiento para las herramientas adquiridas el año anterior y sumó la automatización documental para otras fases de los procesos que se tramitan en el sistema judicial, como identificación de los motivos de impugnación, normas citadas y argumentos centrales de la defensa de un expediente.

Al ser cuestionada al respecto, la magistrada Juárez respondió que las compras “respondieron estrictamente a los requerimientos de evaluación y pruebas de concepto del plan piloto, con el fin de verificar la compatibilidad, estabilidad y seguridad de la herramienta antes de proyectar contrataciones de mayor alcance”. ¿Pudo el mismo “plan piloto” efectuarse con una licitación pública que resultara en mejor precio y en resultados más claros, así como una   declaración pública de objetivos del OJ? Nadie está en contra de la modernización tecnológica de la justicia, siempre y cuando existan parámetros claros de sus límites y competencias, así como la responsabilidad  civil y  penal de los proveedores.

Hasta la fecha no se conocen resultados  del plan piloto fragmentado en 15 pedazos, ni siquiera una declaración sobre la calidad de los informes ingresados a la IA o el procedimiento seguido para su validación.  Solo por curiosidad se le preguntó a la IA Gemini: ¿Si un organismo estatal en Guatemala hace 15 compras por debajo del mínimo de 90 mil, o sea Q89,999, se puede ver como un patrón malicioso para evadir transparencia? Respondió: “Sí, totalmente. Desde la perspectiva legal y de auditoría gubernamental en Guatemala, realizar múltiples compras por debajo del límite es exactamente el escenario clásico de una práctica maliciosa conocida como fraccionamiento”. Pero eso ya lo sabíamos, por elemental lógica legal.

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