Si la pandemia desnudó las debilidades y fallas de la salud pública del país, el conflicto de Nahualá pone en evidencia la incapacidad del Ejecutivo para establecer diálogos efectivos, mantener la gobernabilidad en el marco democrático y, sobre todo, gestionar la seguridad pública con criterios lógicos, protocolos adecuados e inteligencia civil capaz de prever escenarios tan lamentables como el acontecido ayer en las aldeas Pachutiquim y Tzamjuyub.

Policías y fiscales del Ministerio Público se dirigían a efectuar allanamientos, en seguimiento a la investigación por la matanza de 12 personas —entre ellas menores de edad— perpetrada el 18 de diciembre último en dicha localidad, aparentemente como parte de los enfrentamientos seculares por disputas territoriales con el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán. Al encontrarse ayer las fuerzas de seguridad en uno de los valles de la localidad, fueron emboscadas, y debido a su inferioridad numérica y táctica tuvieron que salir de manera apresurada. En la refriega murió un agente y varios resultaron heridos. Por si fuera poco, en la emergente evacuación fueron agredidos con palos por supuestos pobladores.

La reacción gubernamental, tardía e inútil, fue el envío de un fuerte contingente de patrullas y agentes, encabezados por el propio ministro de Gobernación, Gendri Reyes. No solo había ya una cauda irreparable, con el deceso del agente Mauricio Canahuí, sino que quedaba en total evidencia la poca importancia que se le dio a este operativo. Desde el principio debió existir respaldo logístico suficiente para la incursión, un análisis y aseguramiento estratégico del área. No pueden las altas autoridades invocar sorpresa o desconocimiento, primero porque el conflicto lleva más de un siglo, sino porque apenas el 17 de diciembre último, policías fueron atacados a balazos en las mismas aldeas y otro efectivo murió en similares circunstancias. Al día siguiente trascendió la brutal matanza de marras.

Como una especie de déjà vu, predecible y a la vez intrascendente, el presidente Giammattei Falla declaró estado de Sitio el 20 de diciembre en ambos municipios, supuestamente con la finalidad de retomar el control, arremeter contra los violentos facinerosos y devolver la tranquilidad a la ciudadanía pacífica. Apenas el 3 de enero, agentes policiales fueron expulsados de la aldea Pachipac por supuestos residentes. Entre la modorra de fin de año y la virtual desaparición del mandatario de la escena pública, tal suceso pasó sin mayor respuesta por parte del Ejecutivo y ahora se produce este infausto fiasco.

Queda claro que algo más ocurre en esta región y que va más allá del lío por la demarcación municipal. Nahualá e Ixtahuacán comparten rutas que conectan la bocacosta con el altiplano del país, la mayoría de las cuales se encuentran en malas condiciones y, por lo tanto, son muy poco vigiladas. Por aparte, las condiciones de pobreza, rezago en indicadores de desarrollo humano y falta de oportunidades se convierten en un caldo de cultivo en el cual se afianzan grupos del crimen organizado.

Queda claro también que los cobardes atacantes utilizan la presencia de mujeres y niños como un parapeto humano para atenuar una respuesta armada de la Policía y el Ejército, que se guían por principios legales de preservar la vida y la integridad de personas ajenas a un ataque de esta magnitud. Esta situación debió ser prevista por entes como el Consejo Nacional de Seguridad, que más parece orientado a fines aviesos, cortoplacistas y, en la práctica, inútiles.