EDITORIAL

Bloqueos golpean a quien dicen defender

Para muchos guatemaltecos, el lunes 31 de agosto fue un día perdido y desesperante, debido a criterios estériles.

Una inmensa mayoría de guatemaltecos salió a trabajar ayer, a buscar el pan de cada día para sus familias, pero a las usuales dificultades diarias de tránsito se sumó el sabotaje impulsado por piquetes de supuestos transportistas y supuestos taxistas en más de 20 puntos del país. Se dice supuestos porque no se puede conocer la filiación real de tales personas, que en teoría protestan contra el encarecimiento de los carburantes, pero cuyo método intransigente ocasiona más pérdida de combustible a los mismos ciudadanos que afirman, dudosamente, defender.

En efecto, los precios de los hidrocarburos constituyen un factor de presión para todos los sectores económicos y productivos del país, que impacta en los precios de alimentos, de productos y servicios, que por ende implica los bolsillos de los guatemaltecos. Desde pequeños emprendedores hasta empresas grandes están padeciendo por el incremento de este insumo fundamental, no solo para el transporte, sino para la utilización de determinadas maquinarias. Las autoridades del Gabinete económico y de las respectivas salas legislativas debieron hacer algo hace semanas. Es imperativo formular alternativas para enfrentar esta situación.

Sin embargo, entre demandar acción a las autoridades e impedir arbitrariamente, durante más de 18 horas, la libre locomoción de personas, productos, mercancías e incluso combustibles, hay kilómetros de diferencia. Pero, a su vez, resulta muy llamativa la alta coordinación de estos piquetes de unos pocos individuos que con solo atravesar unos cuantos vehículos crean un total caos en la vida de millones de connacionales. Ello lleva, a su vez, a cuestionar cuáles son las verdaderas finalidades y afinidades de los dirigentes de estos bloqueos.

Es necesario señalar que el repunte de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán ocasionó una nueva alza en los precios internacionales del petróleo, que ya venía en un lento descenso. En efecto, parte del diálogo nacional ante la carestía debe abordar los factores que están fuera de control, el establecimiento de monitoreos y reportes de los precios internacionales de combustibles, así como la evaluación de medidas como la suspensión temporal del impuesto a las gasolinas. El subsidio —de mayo a julio pasados— demostró ser oneroso e inoperante, pues su impacto real en los precios de productos nunca fue evidenciado. Ni taxistas ni transportistas reportaron bajas en las tarifas; por el contrario, tuvieron un relativo incremento en sus ingresos por pasaje.

Es comprensible el argumento de autoridades policiales acerca de priorizar el diálogo y la negociación; sin embargo, cuando pasan más de 18 horas de obstrucción no se está ante una protesta “pacífica”, sino ante un atentado a la convivencia, un bloqueo a la garantía de libertad de acción, del derecho al trabajo y hasta a la salud, pues estas barricadas ni siquiera dejan pasar ambulancias o vehículos que transportan a pacientes que acuden a consultas médicas.

Cámaras empresariales interpusieron recursos de amparo para solicitar que el Ejecutivo garantice la libre locomoción. Esto no necesariamente se logra solo a través del envío de fuerzas policiales de choque; también es necesario poner a trabajar a la inteligencia civil para identificar a quienes propugnan la confrontación en lugar de usar los canales lícitos y civilizados de libre expresión y derecho de petición. Para muchos guatemaltecos, el lunes 31 de agosto fue un día perdido y desesperante, debido a criterios estériles. Pero esto lleva de nuevo a cuestionar quién une y acicatea a estas gavillas de saboteadores.

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