Estados Unidos
Editorial
Carcoma politiquera amenaza misión de CGC
A veces los nexos son subrepticios, indirectos, incluso tercerizados.
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Las comisión postuladora que definirá la nómina para elegir al próximo titular de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC) acordó un exigente perfil para la evaluación de aspirantes. Entre los requisitos, obvios, de experiencia profesional, capacidad técnica, reconocida solvencia ética y ausencia de sanciones se suma la independencia de políticos. Para concretar esta revisión será necesario un desempeño serio, integral e íntegro de cada uno de los miembros de la postuladora, algunos de los cuales acarrean la sombra de otros vínculos sectarios. Se agradece el intento, aunque al final lo que habla son los resultados.
En efecto, la CGC es una entidad autónoma que debe revisar el uso de los recursos públicos por parte de todas las entidades del Estado, sin importar a qué partido pertenezcan sus integrantes, máxime a las puertas de un período electoral. Habrá alcaldes o funcionarios con aspiraciones a cargos pero cuyas cuentas no cuadren y, por lo tanto, no se les podrá otorgar finiquito, requisito para su inscripción. En cada proceso son hasta 30 mil las solicitudes de esta constancia y no hay espacio para sesgos, solo para exigir probidad.
Pero allí entra el conflicto de intereses de quienes al final definen al contralor: las bancadas del Congreso. Es una falla sistémica, un mal cálculo, un riesgo que no evaluaron bien los constituyentes: los legisladores con todo y su carga de intereses sesgados deben elegir a quien les contará los vueltos a los alcaldes, concejales y funcionarios que se postularán por sus partidos: un reparo es indeseable y un finiquito sin otorgar es un golpe a la credibilidad de quienes ofrecen honradez. Parece el mismo error de criterio que impusieron al Tribunal Supremo Electoral, que llega tácitamente cargado de adeudos con aquellos a los que deben poner orden.
Los vínculos políticos no siempre son evidentes, como una fotografía con un líder o una afiliación. A veces los nexos son subrepticios, indirectos, incluso tercerizados. Quizá fue una asesoría, una amistad de por medio o el desempeño de un cargo una década atrás. A veces esos vínculos son los más peligrosos porque buscan estar fuera del radar y, a la larga, siempre queda el viejo truco de invocar la “presunción de inocencia” sin estar en un proceso judicial sino institucional en donde no aplica. Pero será interesante ver el trabajo de los postuladores. Ojalá se logre y que no se cuele ni un solo acólito disfrazado, porque allí se dirigirá la carcoma politiquera llena de pretextos y falacias.
Pero esperemos, de forma muy optimista, que la postuladora logre confeccionar esa nómina brillante, tomando en cuenta a muchos profesionales de la auditoría que querrán participar. Le corresponderá al Congreso, de cara a la ciudadanía, elegir de esa nómina el perfil idóneo: una persona que se dedique a escudriñar los manejos estatales al frente de un equipo con mística de fidelidad al ciudadano.
Pero acá viene algo que roe aún más la misión de la CGC: la injerencia de entes judiciales, que ordenan el otorgamiento de finiquitos —invocando supuestos derechos— pasando por encima de la dignidad ciudadana. Basta ver el reciente caso del dudoso rector Walter Mazariegos, quien no tenía finiquito por su negativa a rendir cuentas de la Universidad de San Carlos. La CGC no le extendió el documento y con ello ni siquiera debió aspirar a un siguiente período. Pero la Sala Sexta de lo Administrativo “ordenó” a la Contraloría que se lo emitiera. Dos de sus integrantes son señaladas de nexos con Mazariegos, quien confirmó su opacidad al valerse de tal treta forzada, artera e improcedente, que se mofa de la CGC y del pueblo de Guatemala.
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