Estados Unidos
EDITORIAL
CC pisa el acelerador de la inseguridad vial
Esta suspensión “provisional” amenaza con ser cuasi permanente.
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Cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenaron una suspensión del uso de reguladores de velocidad en el transporte de pasajeros y de carga. La sola exposición de motivos —o, más bien, pretextos— firmada por la magistrada suplente Claudia Paniagua es una especie de mundo al revés, en el cual el beneficio de unos cuantos vale más que el de cientos de miles de usuarios, y también de conductores que a menudo han fallecido o quedado con graves lesiones o incluso discapacidades a causa de percances causados por el exceso de velocidad de autobuses, camiones y tráileres. Sí, hay un derecho a la actividad económica y también el transporte aparece en la Constitución, pero, muchos artículos antes, está la obligación del Estado de garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos.
Esta suspensión “provisional” amenaza con ser cuasi permanente, primero a causa de las tardanzas usuales de este tribunal, y segundo, porque no es la primera vez que falla, a través de alambicados tecnicismos, en contra del bien común. El leguleyo argumento utilizado para solicitar esta medida debió ser rechazado in limine, pero realmente no se sabe cuáles sean los vasos comunicantes de este peligroso fallo.
Y lo de peligroso es literal: a partir de ayer, y mientras dure la vigencia de dicha resolución, en cada percance vial que involucre transporte de pasajeros o de carga, que deje lesionados, fallecidos o discapacitados, la ciudadanía debe recordar los nombres de los magistrados firmantes. Además de la suplente Paniagua, también pisaron el acelerador del riesgo los magistrados Luis Rosales, Dina Ochoa y Julia Marisol Rivera. Hubo tres votos opuestos a la suspensión provisional, lo cual habría permitido continuar el trámite del recurso sin comprometer de cuatro plumazos la seguridad vial.
Desde febrero, la entidad interponente del recurso andaba en el Congreso pidiendo una prórroga. En videos de redes sociales quedó grabado su representante al decir que solo necesitaban más tiempo, y varios diputados —clientelistas que son— ya andaban empujando iniciativas de reforma a la Ley de Transporte, pero no lograron apoyos porque obviamente van en detrimento de la mayoría ciudadana.
Ciertamente, los percances de transporte de pasajeros y de vehículos pesados suelen tener un menor porcentaje en las estadísticas de cantidad de siniestros, pero suelen tener un saldo mucho mayor de fallecidos. Por otra parte, la prestación del servicio de traslado de personas no es un derecho en sí mismo, sino una concesión del Estado que debe seguir ciertas reglas, pues cada hombre, mujer, niño, anciano que se sube a un autobús está pagando por un servicio que debe garantizarle una llegada segura a su destino. Pero dan a entender los cuatro magistrados de la CC, en su alambicado fallo, que importa más el peculio de un grupo que la integridad del resto de ciudadanos.
La norma con artículos suspendidos data de hace una década, y los reguladores de velocidad han sido de las pocas medidas que muchísimos empresarios responsables han asumido, con coherencia y ética. Quizá los magistrados constitucionales no necesiten trasladarse a sus labores en transporte extraurbano, pero sí decenas de miles de guatemaltecos, a diario. Tal vez haya que recordarles los 15 fallecidos en el busazo de Nahualá en diciembre de 2025, los 54 muertos del busazo en la Calzada de la Paz el 10 de febrero de ese año, los cuatro muertos del trailerazo en la autopista Palín-Escuintla el 14 de marzo o las 4 víctimas mortales del camionazo en agosto último. Pero, en adelante, si ocurren más, quedará la duda de si este fallo realmente falló.
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