Ciertas declaraciones, sobre todo de gobernantes, funcionarios o políticos, solo cobran total connotación al paso del tiempo, cuando son desmentidas, confirmadas o interrelacionadas con nexos, conveniencias, patrones de acción u omisión. La era digital y la libertad de expresión permiten a la ciudadanía tener a la mano audios y videos con la repetición de alocuciones en las cuales hay enunciados con palabras claves, frases crípticas e incluso delaciones de abiertos conflictos de interés.

“Pocas veces en la historia del país ha habido tan buena comunicación, coordinación y trabajo entre el Ministerio Público y este Organismo Ejecutivo”, declaró en video el expresidente Alejandro Giammattei el 9 de julio del 2020, quien en ese mensaje alude a la fiscal general Consuelo Porras como “la amiga”. La reeligió en mayo del 2022. Porras había quedado fuera de la nómina de seis aspirantes elaborada en abril por la Comisión Postuladora para Fiscal General. En ello incidieron varias objeciones, su inclusión en la lista negra Engel de EE. UU. y cuestionamientos sobre su tesis de doctorado. La Corte de Constitucionalidad ordenó su inclusión en la lista sobre la cual Giammattei se basó para reelegirla.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, también muchos casos judiciales polémicos. Sin duda alguna, es llamativa la continuada persecución contra periodistas del extinto medio elPeriódico. Sigue sin iniciar el nuevo juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora, tras la anulación del primero, en octubre del 2023, por deficiencias procesales. El MP aún intenta recusar al tribunal. También apeló la resolución de la jueza que desestimó la acusación de supuesta “obstrucción de justicia” contra periodistas que criticaron el caso. La jueza resolvió que cualquier afectado debió ir a un tribunal de imprenta.

Una denuncia de supuesta preocupación por el pago de deuda electoral fue el motivo para que una fiscalía allanara en agosto al Centro de Cómputo Electoral y se pusiera a contar papeletas, acción que negaron y suspendieron, pero que fue evidenciada en video. En septiembre ocurrió el allanamiento, con lujo de fuerza, para secuestrar cajas con actas electorales en la propia sede del TSE, un suceso inédito. La fiscal general y sus colaboradores siempre dijeron respetar la voluntad ciudadana, pero el 8 de diciembre del 2023, el fiscal Rafael Curruchiche en conferencia de prensa sugirió que las elecciones “deberían anularse”.

El 31 de octubre, Estados Unidos retiró visas a varios fiscales del MP por lo que consideró “acciones antidemocráticas”. El 17 de enero, el Departamento de Estado le retiró la visa al expresidente Giammattei. El 2 de febrero último, la Unión Europea restringió el ingreso y limitó acceso a activos en bancos de su jurisdicción. La fiscal Porras y su círculo cercano reclamaron que se trata de un acto “antidemocrático” en que la UE atenta contra su presunción de inocencia y su derecho de defensa.

Por 106 días, un plantón de ciudadanos y pueblos indígenas exigió la renuncia de la Fiscal. El MP trató de encausar al exministro de Gobernación Napoleón Barrientos por no haberlos desalojado violentamente. El presidente Arévalo anticipó el pedido de renuncia y después vinieron las elusiones de la Fiscal a las invitaciones del Ejecutivo. Ella cita artículos de ley para decir que no acudía porque el MP es autónomo. En el período de Giammattei asistió en repetidas ocasiones. Quizá había más “coordinación”, pero el tiempo ya pasó y quizá es momento de reconocer que la ciudadanía defendió su único bien: la democracia, ante el intento de secuestro de su única ventana de expresión soberana a través del voto.