Con la repetición de la elección de la primera directiva de la décima legislatura del Congreso se cierra el ciclo de incertidumbres que rodearon la toma de posesión desde el primer día de enero. Sin duda alguna es interesante que se haya presentado una planilla única en la cual no participan miembros del partido oficial pero que se formó con base en acuerdos promovidos por sus integrantes. El rompimiento de diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza con la expresidenciable Sandra Torres, quien fracasó al querer vender la idea de que estaban expulsados del partido, marca el declive de su figura, acentuado por tres derrotas al hilo.

En todo caso, el súbito surgimiento del condecorado exdirector de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, como presidente del Legislativo significa un cambio en la tónica de consensos. Diputado distrital por Jutiapa ,electo por el partido Azul, Ramos se destacó por sus logros al frente de la PNC y por eso mismo fue llamativa su destitución, en febrero de 2018, dictada por el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, que justificó una supuesta “oxigenación”, pero tras esta vino un ciclo de relevos e inestabilidades.

A excepción de la UNE, todos los demás integrantes de la directiva provienen de bancadas pequeñas pero que consiguieron 115 votos: prácticamente una derrota para el anterior partido oficialista Vamos, así como para las pretensiones de la diputada de la hoy rota coalición Valor-Unionista, la excanciller Sandra Jovel. Ella interpuso uno de los amparos en la CC contra la anterior elección. El máximo tribunal ordenó repetirla con argumentos poco claros y al parecer se consolidó un consenso.

Ahora viene el gran desafío real, que no se encuentra solo en auditorías de gastos o personal del Congreso. Sí, eso puede tener un efecto inmediato en la opinión ciudadana, pero a la larga lo verdaderamente importante es el impulso de una agenda legislativa en favor del desarrollo humano, la infraestructura, la competitividad, la transparencia y la modernización del Estado y sus procesos institucionales. Esa será la prueba de agua regia para la recién nacida coalición de bancadas.

Algo prácticamente inédito es que en su primer año el partido oficial no tenga ni un solo integrante en la junta directiva del Congreso, lo cual puede ser un factor de contrapeso político. Si bien la bancada Semilla se abstuvo de integrarla, para evitar mayores atrasos o polémica, por ahora parecen existir avenencias producto del diálogo y negociaciones políticas. Sin embargo, el país ha tenido lecciones de oficialismos débiles en el Congreso que más temprano que tarde se ven sometidos a presiones, chantajes o rebeliones de quienes se creía aliados, pero eso es la historia. Serán las realidades y los hechos los que reflejen el nivel y la solidez de los diálogos y acuerdos, tan urgentes.

Urgentes, sí, para emprender la discusión de leyes como las siguientes: de Servicio Civil, de Infraestructura Vial, de Contrataciones, de Competencia, de Aguas, de Tránsito, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como la revisión de las comisiones de postulación de magistrados. Guatemala necesita encauzarse por una ruta de estabilidad institucional, crecimiento económico y aumento de la inversión extranjera, para lo cual es imprescindible la confianza en la certeza jurídica. No hay otra vía para generar riqueza con la cual sufragar los planes de este y siguientes gobiernos.