Estados Unidos
Editorial
Crisis debe obligar a depuración en la PNC
La pesquisa del MP debe ser ágil, tecnológica, con cruce de datos de video, biométricos, barrido de señales telefónicas y datos de matrículas.
|
El asesinato del abogado y analista de seguridad Juan Francisco Solórzano Foppa y del deportista Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, en el Campo Marte, ha detonado la exigencia multisectorial de identificar a los victimarios, cómplices y, sobre todo, a quienes ordenaron el ataque. Sin embargo, también ha sembrado dudas sobre la confiabilidad de procedimientos policiales, especialmente por la probable implantación de un arma a dos capturados, quienes fueron liberados el domingo, por falta de mérito. Se confirmó que los agentes ya están suspendidos, pero se debe garantizar su seguridad, para indagar sobre la posible intención de insertar falsos indicios.
A la vez, han surgido cuestionamientos por la tardía reacción logística que prácticamente dejó una vía amplia para el escape de los atacantes, sin que se lograra siquiera establecer un cerco inmediato efectivo. El hecho ocurrió cerca de la Guardia de Honor, una instalación militar. La proximidad no significa que el Ejército tuviera que intervenir, pero sí obliga a esclarecer qué dispositivos de seguridad y coordinación pudieron activarse. Por supuesto, este llamado dista mucho de toda esa sospechosa y redundante andanada de mensajes difundidos por redes sociales que prácticamente incitan —con muy similares enunciados— a la desconfianza ciudadana hacia la institución policial, lo cual denota inquina, quizá de grupos criminales que han recibido duros golpes en operativos recientes.
Por eso, la pesquisa del MP debe ser ágil, tecnológica, con cruce de datos de video, biométricos, barrido de señales telefónicas y datos de matrículas: los indicios deben manejarse con cuidado, para evitar fugas de información. Si en 2007, luego del asesinato de tres diputados salvadoreños y su piloto, la investigación logró identificar a policías implicados, hoy existen más recursos.
Pero de vuelta a las vulnerabilidades de la institución policial, es impostergable un proceso de evaluación y eventual depuración. Hace poco menos de un mes eran capturados siete agentes señalados de haber robado municiones de la institución que fueron a dar a manos de pandilleros, quienes las utilizaron en la masacre de una cevichería de la zona 6. Es difícil pensar que sean los únicos policías involucrados o los primeros, o los últimos.
Y con ello es inevitable recordar cuando, en el gobierno de Jimmy Morales, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, removió mandos policiales que habían participado en procesos de fortalecimiento institucional con apoyo de EE. UU. y habían logrado históricos resultados. Adujo que era una “oxigenación”. Tal arbitrariedad golpeó la carrera profesional y abrió espacio a discrecionalidades. Durante la presidencia de Alejandro Giammattei persistieron prácticas de uso represivo de la fuerza pública, sobre todo bajo la gestión de ministros como Gendri Reyes. Por si fuera poco y pretextando la necesidad de más agentes, se redujo el período de formación policial a 10 meses, y parte de esos efectos pueden ser los “fallos” que se asoman ahora. Por eso mismo se necesita revisar los controles de admisión de aspirantes, el pénsum y la formación de competencias técnicas y éticas.
El fallecido Solórzano Foppa, cuyo homenaje póstumo y sepelio serán hoy, señaló en repetidas ocasiones al exministro de Gobernación Francisco Jiménez, que sigue prófugo, de estar coaligado con la fuga de pandilleros de hace un año y que habrían salido con uniformes policiales, según han confirmado algunos recapturados. En dos platos, se debe esclarecer el crimen, investigar a fondo la actuación policial y emprender una reforma verificable, que no debería ser saboteada ni “oxigenada” por subsiguientes gobiernos.
ESCRITO POR:
