Millones de guatemaltecos luchan a diario, superan retos y pagan impuestos mediante los cuales se sostiene el funcionamiento de servicios públicos de salud, educación, infraestructura y demás dependencias del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se trata de una obligación legal, un compromiso ciudadano y hasta de una convicción para sacar adelante al país. Por eso constituyen una mofa a su esfuerzo los despilfarros en almuerzos gratuitos, viáticos, cajas chicas y otras prebendas para diputados que ya devengan Q29 mil o más. Son vergonzosos tales beneficios en un país que el año pasado cayó 20 puestos en competitividad, cuyos índices de desnutrición aumentaron y cuyo endeudamiento externo creció para poder financiar los gastos.

A tal uso displicente de fondos nacionales se suma el millonario costo de una indemnización para exdiputados que no fueron reelectos, un beneficio ilegal, inmoral y absurdo dispuesto por una irresponsable Comisión Permanente presidida por Flor de María Chajón, en diciembre último. Parece un chiste de mal gusto, pero no lo es y cabe esperar que la ciudadanía reclame la derogación de tan arbitraria erogación, totalmente fuera de derecho, debido a que no se trata de empleados públicos, sino de personas que libre y voluntariamente se postularon a un puesto de elección con un período legalmente establecido.

Fueron 110 los diputados que no lograron reelección, algunos porque fueron candidatos a otros puestos y la gran mayoría porque sus acciones y las de sus partidos merecieron el rechazo en las urnas. Hasta ahora, 70 han hecho la solicitud para recibir la supuesta indemnización, que de llegar a concretarse podría convertirse en un cáncer que carcoma las finanzas de otros entes del Estado cuyos miembros también van a exigir un pago similar.

Entre los excongresistas que ahora buscan arrancarle fajos de billetes al Estado, es decir, al pueblo de Guatemala, se encuentran varios señalados de delitos, sometidos a procesos de retiro de inmunidad y totales nulidades en el trabajo de generación de normativas que impulsen el desarrollo. Muchos de estos se rasgaban las vestiduras en nombre de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a la ley. Tristemente también existen otros exdiputados que enarbolaban la bandera de la lucha contra la corrupción pero ahora terminan formando parte de la misma ralea a la que alguna vez criticaron.

Se supone que la actual junta directiva del Congreso representa una diferencia diametral respecto de sus antecesores. Se supone que al estar encabezada por un diputado del partido oficial debe coincidir con la política de combate de toda forma de opacidad, malversación, robo, saqueo o desfalco al Estado, y por lo tanto debería disponer, como punto prioritario, la derogación del acta avalada por los diputados de la Comisión Permanente, la mayoría de los cuales tampoco fueron reelectos.

Parafraseando la Conversación en la Catedral, una de las novelas de Mario Vargas Llosa, bien cabe preguntarse, al igual que el protagonista ¿en qué momento se torció el rumbo de este país? Y al igual que en el transcurrir de aquel relato que desnuda contradicciones, injusticias y corrupción del país natal del autor, bien puede responderse que no es un solo suceso, sino una secuencia de acciones inmorales, incoherentes e irresponsables las que insultan el ideal por el cual tantos guatemaltecos decentes luchan a diario. El Congreso actual debe derogar tal indemnización, por respeto, por vergüenza y por dignidad. De no hacerlo, contribuirán, por omisión, a esquilmar otra vez a Guatemala.