“Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima”. Es un texto de 1891, escrito por el poeta cubano José Martí y calza a la perfección para describir, 131 años después, los graves rezagos causados por la incapacidad y la falta de criterios calificados entre funcionarios y diputados respecto de diversas materias sobre las cuales priman leyes caducas, si no es que la ausencia de normas.

La prevención y combate de delitos cibernéticos es uno de esos campos casi desiertos. Sucesivas legislaturas han pasado sin trascendencia ni mayor aporte en una realidad cotidiana que durante la pandemia reforzó su importancia en la vida cotidiana, ya sea para el comercio y la industria como la comunicación a toda escala, desde conversaciones familiares hasta negociaciones de alto nivel. La diversificación de servicios, la implementación de pagos y firmas digitales, el crecimiento de la banca en línea y la necesidad de servicios seguros de transmisión de datos figuran entre las preocupaciones contemporáneas sobre las cuales no hay una legislación integral.

Se han efectuado, sí, algunos cambios en relación con extensiones de delitos que utilizan mal medios tecnológicos para fines execrables, como pornografía infantil, extorsión, chantaje o robos, pero no existe una normativa que integre, especialice y refuerce el combate a las mafias digitales. En septiembre del 2019 se presentó una iniciativa de ley de protección contra la ciberdelincuencia, que se encuentra engavetada y fuera de toda prioridad, por desidia o por ignorancia.

Apenas en el 2018 el Ministerio de Gobernación publicó el primer documento de la denominada estrategia nacional de seguridad cibernética, para dar cumplimiento a una resolución de la Organización de Estados Americanos emitida 14 años atrás. Tales lapsos evidencian la miopía de sucesivos gobiernos respecto del potencial productivo y valor competitivo de la conexión eficiente a internet.

Nunca debe entenderse la exhortación a abordar el tema digital como un aval a la censura, control o vigilancia intrusiva desde el Estado. Todo lo contrario: garantizar los derechos ciudadanos como la Libertad de Emisión del Pensamiento, Libertad de Empresa y Libertad de Acción deben ser las premisas fundamentales para la generación de una norma tecnológica moderna y democrática. Quizá ese constante asedio de la politiquería y la intolerancia contra garantías fundamentales sea lo que más desconfianza abre en torno a la discusión legislativa sobre ciberseguridad. No se trata de construir barreras, cortapisas o inquisiciones digitales al servicio de oficialismos de paso, sino de garantizar el acceso seguro a un recurso imprescindible para la educación, la producción, la cuentadancia y la tutela global de derechos humanos.

No hay que inventar el agua azucarada ni trazar códigos casuísticos o entuertos leguleyos. Hay vías, como la sugerida por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, en un informe de septiembre del 2021: que se adopte el Convenio de Budapest, creado hace más de dos décadas y que está en vigencia desde el 2004. Por supuesto, se necesitan directrices nacionales para trazar la protección de infraestructura crítica, castigar todo ataque cibernético y mantener a salvo la información personal e industrial depositada en todo tipo de soportes, incluida la nube.