Estados Unidos
EDITORIAL
Denodado esfuerzo de solidaridad y su costo
En el Legislativo no hay una acción decisiva e inclusiva en favor de los guatemaltecos en el extranjero.
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Con el ingreso al país de US$2 mil 468 millones en remesas enviadas por migrantes guatemaltecos, principalmente desde Estados Unidos, no solo se consolida un nuevo récord de este recurso en siete meses del 2026, sino que se confirma el noble objetivo que llevó a millones de connacionales a atravesar fronteras en busca de oportunidades, a pesar de las adversidades de la ruta y del destino. Los condujo a contribuir a mejorar el bienestar de sus familias en el país —padres, cónyuges, hijos, hermanos, abuelos—. Y la variedad de destinatarios solo se explica por la proverbial unión familiar que se cultiva en ciudades y pueblos, en donde a menudo se viven precariedades económicas en los hogares.
En este este esfuerzo laboral migrante, los guatemaltecos suelen ser destacados y altamente recomendados por su notoria dedicación en múltiples tipos de trabajo. Con frecuencia se desempeñan en dos y hasta tres plazas, repartidas en horarios diarios o semanales, a fin de generar los recursos necesarios para su manutención, o para tomar cursos de inglés o aprendizaje de habilidades, mantenimiento de vehículo, cumplimiento de obligaciones tributarias y además, con el objetivo de tener listo ese monto quincenal o mensual que mandan a sus seres queridos en la tierra que tanto extrañan.
Es esa distancia, ese tiempo comprimido y desdoblado el costo más alto del noble esfuerzo de contribuir a que sus familias salgan adelante; 10 o 15 años resultan eternos y parecen una semana, tiempo durante el cual viven desde lejos los festejos familiares, los logros, la transformación de la vieja casa en una totalmente remozada, los padecimientos de salud y también duelos por funerales en los cuales no pueden estar presentes por situación migratoria.
A ello cabe sumar la tensión constante por el endurecimiento en la aplicación de leyes migratorias, redadas, multas, procesos acelerados y deportaciones. Pero, en muchos casos, es justamente esa presión la que ha acicateado el envío preventivo de recursos, incluso a costa de privaciones. Hasta el 1 de agosto último se contaban 35 mil 842 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos. Más de la mitad de ellos es originaria de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché, que también encabezan los lugares de destino de las remesas, recurso que se ha convertido en el principal reductor de la pobreza, con un efecto mucho más marcado en mejora alimentaria y de calidad de vida que cualquier “programa social”.
Por eso mismo, es notorio el vacío institucional protagonizado por entidades como el Consejo Nacional del Migrante (Conamigua), que gasta recursos en campañas contra la migración y en la atención de los repatriados, pero tiene nula acción en favor de los guatemaltecos en comunidades de Estados Unidos. Y es que el Congreso, que elige a sus titulares, no les exige nada.
De hecho, en el Legislativo no hay una acción decisiva e inclusiva en favor de los guatemaltecos en el extranjero. Hay Comisión del Migrante, pero de reuniones y ofrecimientos no pasa; de lo contrario, ya habría presentado al menos una iniciativa para facilitar la participación electoral de este sector, que aporta el 20% de la economía del país. Y ya empiezan a revolotear varios políticos en algunas comunidades estadounidenses, pregonando —otra vez— más inclusión y participación, pero cuyas bancadas no han movido un solo dedo en favor de los compatriotas o en la mejora institucional para impulsar la certificación de habilidades, la reinserción laboral y el surgimiento de emprendimientos de guatemaltecos deportados.
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