Estados Unidos
Editorial
Destituyen al alto mando de la Policía ¿Y ahora qué?
La razón de ser de su cargo y misión era una sola: garantizar la seguridad pública de los ciudadanos.
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El 17 de agosto, en declaraciones publicadas en redes sociales, el abogado, exfiscal y analista de seguridad Juan Francisco Solórzano Foppa —ultimado hace 10 días— señaló al entonces director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, de supuestos nexos con grupos delictivos e incluso lo acusó de presunta complicidad en la fuga de pandilleros del Barrio 18 del penal Fraijanes 2 ocurrida la madrugada del 12 de octubre del año pasado.
En el momento de esa fuga todavía era ministro de Gobernación Francisco Jiménez, quien lleva casi un año prófugo, señalado de incumplimiento de deberes. No se supo de ninguna pesquisa sobre la aseveración contra Custodio Boteo.
La actuación de la PNC en los minutos y horas posteriores al brutal atentado contra Solórzano Foppa fue más bien desprolija. Testigos señalaron la participación de al menos cuatro perpetradores, que tuvieron todo el tiempo del mundo para escapar, y esto despertó suspicacias sobre el riesgo de infiltración o conflictos de interés en la institución. Para más inri, agentes de la Comisaría 13 habrían intentado implantar un arma a dos trabajadores de mensajería, la cual ni siquiera estuvo en la escena del crimen; así también, los trasladaron primero al precinto y no directo a la Torre de Tribunales, todo lo cual sembró dudas y fue un distractor en un lapso que era precioso para rastrear a los sicarios.
Las respuestas de mandos policiales en posteriores citaciones con diputados fueron más bien titubeantes, un alambique de excusas, un lavamanos sobre un caso emblemático. Además, la razón de ser de su cargo y misión era una sola: garantizar la seguridad pública de los ciudadanos.
Podría decirse que tardó demasiado el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en remover del cargo al hasta ayer director —que, según el ministro, no tiene denuncias en su contra por ahora—, así como a Esvin Jacinto Quiché, subdirector general de Operaciones de la PNC. Fueron anunciados ayer los nuevos encargados, quienes tienen la obligación de dar resultados, de no tener ningún nexo ni afinidad con los antecesores y contribuir a esclarecer la participación tan deficiente de agentes policiales en un hecho tan conmocionante para la sociedad, apenas a tres meses de la convocatoria a elecciones, que seguramente estarán bajo el asedio de mafias.
En este mismo espacio se exhortó a una auditoría independiente de desempeño en toda la institución policial, así como a una revisión de los mecanismos organizacionales, las instancias de supervisión interna e incluso la evaluación de la efectividad de ciertas tácticas que pueden resultar caducas si no se ejecutan en un marco estratégico. Por ejemplo, en colonias y pueblos, han vuelto a proliferar policías montando pequeños retenes, a veces de dos en dos, sin que exista certeza ciudadana sobre la verificación superior de estas prácticas o sus resultados concretos. No es que se esté atacando la iniciativa de brindar seguridad, pero sí la efectividad de prácticas que pueden convertirse en incentivos perversos para la discrecionalidad. De verdad, es sospechoso ver retenes que no tienen los elementos mínimos, porque desgastan el recurso más importante que debe tener la PNC, que es la confianza de la ciudadanía en su integridad.
Por otra parte, el Ministerio Público debería tener ya en este momento algunos indicios en contra de los siete policías que fueron consignados, cuyo arresto fue cubierto normalmente por periodistas, pero algunos agentes empezaron a grabar a los fotógrafos, lo cual se interpretó como una tácita intimidación. De esta pesquisa depende no solo aclarar el brutal ataque en el Campo Marte, sino también desenmadejar la trama de posibles colusiones subrepticias entre ciertos efectivos y pandilleros, para hacer posible una reingeniería total de la PNC.
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