Estados Unidos
EDITORIAL
Dinero sin rumbo en el laberinto de los Codedes
El año de elecciones amenaza con convertirse en una lotería de proyectos destinados a generar propaganda política.
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Una proporción para ilustrar, de entrada, una paradoja absurda que impacta en comunidades de toda Guatemala: ya transcurrieron tres cuartas partes del año 2026, pero solo se ha ejecutado una cuarta parte de los fondos asignados a proyectos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Esta figura institucional fue creada para evitar los embudos, pero se ha convertido en un sifón tapado a causa de ambiciones politiqueras, pugnas partidarias, conflictos de intereses y atávicos lastres burocráticos. En cifras: hasta septiembre, solo se había ejecutado 24.59% de los Q15 mil 425 millones asignados. Si lo vemos no en números sino en efectos, ese 75% pendiente son obras muy necesarias, pero aún pendientes de agua potable, saneamiento, caminos y puentes rurales, planteles escolares y más.
Debido a una perversa distorsión legislativa, se ha prolongado la práctica malsana de trasladar los fondos no utilizados de un presupuesto a otro. El fracaso de tal método es evidente, pues el bolsón sigue aumentando y ya se perfilan temores de que la décima legislatura, plagada de clientelismos, repita la misma treta en el Presupuesto de 2027. Y que quede claro que no se trata solo de acelerar el gasto como un indicador aislado. La ejecución solo tiene sentido si cumple con reglas de probidad y calidad.
Ello conduce a preguntar: ¿para qué asignar más recursos a una estructura y con un método que no ha sido capaz de hacer eficiente conversión de los fondos disponibles en obras y servicios? Esos saldos crecientes denotan serios problemas de planificación a todo nivel, comenzando por las alcaldías, donde a menudo hay subrepticios amaños de contratos, incapacidades de gestión y negligencias continuadas que encuentran un incentivo ignominioso en estos traslados de fondos sin fondo.
Lo correcto y técnico es que los recursos públicos sin ejecutar regresen al fondo común para ser reasignados, pero este mecanismo ha sido subvertido por consignas populistas. Si no preocupa que los recursos regresen al fondo común, no existe un freno para la displicencia ni para uso de obra pública con fines de campaña; es decir, el carácter perentorio de un presupuesto es el acicate para impulsar la buena ejecución. Pero, eso sí, las carencias y costos de oportunidad de las comunidades sí evidencian los efectos de estos laberintos, en donde el dinero se queda perdido entre dilaciones, pretextos y trabajos a medias.
Es obvio que, si los Codedes no pudieron ejecutar eficientemente los Q12 mil millones de 2025 ni los Q15 mil 425 millones de este año, menos aún podrían viabilizar el uso de Q17 mil o hasta Q20 mil millones que podría alcanzar la asignación presupuestaria si se concreta otro traslado al cual se yuxtapondría la asignación correspondiente al año 2027. Voces técnicas advirtieron de que este traslado de saldos debilita la disciplina presupuestaria, pero ya no solo es una advertencia: los crecientes montos sin ejecutar son la mejor prueba de este absurdo e irresponsable actuar de múltiples bancadas del Congreso. ¿Hasta cuándo piensan seguir alimentando esta bestia sin cabeza?
Con este panorama, el año de elecciones amenaza con convertirse en una lotería de proyectos destinados a generar propaganda política, o una especie de liquidación para aquellos alcaldes que están seguros de no ser reelegidos, aunque lo intentarán. Por ello, es necesaria una auditoría estricta, independiente y centrada en el bien común. A la vez, he ahí la avidez inverecunda de ciertas bancadas y caudillos por nombrar un contralor general de Cuentas aquiescente, amarrado a adeudos políticos y oscuros propósitos.
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