Duele ver que el Congreso ha gastado más de Q40 millones solo en esta legislatura para pagarles un seguro médico privado a 160 diputados mientras los hospitales continúan arañando recursos para la atención de miles de ciudadanos a diario, y el más reciente ejemplo de esta indigna paradoja es la crisis que afrontan los dos principales nosocomios del país: el San Juan de Dios, que arrastra un adeudo de casi Q150 millones a proveedores, y el Roosevelt, que debe facturas a proveedores de alimentos, algunas de enero último, por lo cual varios han decidido dejar de suplir productos como carne, cereales o atoles.

Duele porque si así están los principales hospitales de referencia del país, cabe cuestionar cómo estarán los otros. De hecho, en septiembre de este año un análisis de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) alertaba acerca de un agotamiento de recursos económicos para comprar medicinas, pues a tres meses de que concluyera el año ya se había consumido el 90% de recursos destinados a ese fin. En determinados nosocomios, sobre todo los de referencia, este egreso se ve acelerado por un alto número de lesionados en accidentes de tránsito o heridos en hechos de violencia, lo cual precisa de más insumos para tratamientos, así como más días de encamamiento y, por ende, alimentación.

El estudio de Fundesa también subrayaba un sospechoso incremento desmedido en la compra de fármacos de baja circulación, es decir de poco uso, lo cual dejaba sin recursos a las unidades de compra y un aparente abasto, pero de productos que no son de primera necesidad. De ello se pueden deducir fallas burocráticas o ineficiencias, por lo que debería investigarse si hay conflictos de interés o colusiones entre departamentos de compra y ciertos proveedores.

En el Hospital Roosevelt, por tratarse de la dieta de los pacientes no debería existir dilación en resolver de inmediato la deuda con los proveedores, un asunto que debería ponerse directamente en manos del ministro, dadas sus implicaciones. El gobierno electo también debería pronunciarse al respecto, ya sea por tener en su poder información sobre los procesos de abasto hospitalario o bien por no contar con ellos, pues dentro de menos de 40 días tendrá la responsabilidad de este sistema y contará con muy poco o ningún espacio para excusas o justificaciones.

También se debe tomar en cuenta la estacionalidad: el mes de diciembre es de alta demanda de servicios hospitalarios, a causa del incremento de accidentes viales y caseros, así como el aumento del asedio delictivo. La crisis económica que agobia a amplias mayorías de la población les impide buscar ayuda en sanatorios o clínicas privadas, por lo cual acuden a los hospitales de referencia. Por eso mismo, duele la parsimonia, rayana en indolencia, con la cual se atiende esta nueva emergencia, y si se pone la vista en el futuro, es esa la razón por la cual indigna el antojadizo recorte presupuestario al presupuesto de Salud dictaminado por la desleal comisión de Finanzas y avalado por 115 diputados sin discusión.

Finalmente, queda claro que se quedará sin cumplir el ofrecimiento de cinco hospitales nuevos que hiciera el presidente Giammattei Falla en 2020. El único que logró erigirse fue el de Chimaltenango, construido por la cooperación taiwanesa, pero también cundido por la afrentosa plaga de la corrupción, debido al fraude en la compra fraccionada de equipo, parte de la cual era inservible: un caso de lento avance, al menos si se compara con otras persecuciones del MP.