Estados Unidos
Editorial
El contrabando es un peligro público
Si los pobladores consideraban ser víctimas de un procedimiento inadecuado, debían acudir a las instancias pertinentes de justicia.
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El contrabando de mercancías suele pasar como un asunto de menor importancia en comparación con otros delitos, como los asaltos, las amenazas de muerte, las extorsiones, la tortura o los secuestros, solo por mencionar algunos. Pero es un peligro público, porque pone en riesgo la salud de quien consume productos sin registro sanitario, porque nadie se hace responsable de la supuesta calidad de estos, porque amenaza empleos debido a la competencia desleal.
La retención ilegal de fiscales del Ministerio Público, empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria y agentes de la Policía Nacional Civil por parte de supuestos pobladores en la localidad de Camanchaj, Chichicastenango, constituye un grave síntoma de los alcances a los que llega la ambición desmedida y la proliferación de redes de contrabando de mercancías. Los empleados estatales permanecieron en poder de los captores, bajo constantes amenazas de ser golpeados e incluso quemados si no se devolvía el producto incautado.
Ahora, además del posible delito de contrabando de mercancías y defraudación aduanera, los hechores también podrían acarrear otros cargos, como amenazas, retención ilegal o incluso secuestro, ya que exigían algo a cambio de sus vidas. Y esto confirma el enunciado que titula este texto. Por lo tanto, tal exacción no debería quedar impune, porque sería un pésimo precedente. Todo trasiego ilícito despliega redes de conveniencia, ambiciones crecientes y un falso sentido de fuerza “local” que termina desafiando abiertamente a las instituciones. Ahora bien, viendo el otro lado de la moneda, si los pobladores consideraban ser víctimas de un procedimiento inadecuado, debían acudir a las instancias pertinentes de justicia.
Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo, ni la frontera con cinco soldados: el problema de los pasos ciegos es una realidad innegable que no solo se relaciona con el trasiego de mercancías, sino también con el de personas, armas y drogas. Apenas el 9 de octubre, la Intendencia de Aduanas presentaba algunas cifras a la Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof) y autoridades de la Cámara de Industria: en nueve meses del 2026 se decomisaron Q144 millones en mercancías por evasión de impuestos y por infringir normas de propiedad intelectual; en otras palabras, productos falsificados que se intentan ingresar incluso por aduanas terrestres, puertos y aeropuertos del país. Si ocurre así en pasos regulados, ¿qué no pasará por las tierras de nadie?
En cuanto a la inteligencia logística, el Ministerio Público y la SAT, así como la misma PNC, también necesitan analizar sus protocolos de actuación, para anticipar riesgos, coordinar apoyos de seguridad y evitar que el personal quede aislado frente a grupos violentos que quizá creen que, por escudarse en una apariencia comunitaria, no están incurriendo en delito. A la vez, la información también es una herramienta, y el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Atención al Consumidor, debería lanzar constantes alertas sobre productos de contrabando detectados en el país, a fin de comunicar a la ciudadanía qué productos no están autorizados y los peligros que implica su consumo por carecer de registro sanitario.
Si el Estado permite que las amenazas determinen cuándo puede investigar y qué mercancías puede incautar, el problema deja de ser únicamente el contrabando, se convierte en una disputa sobre quién ejerce realmente la autoridad: las instituciones responsables de aplicar la ley o grupos delictivos que intentan proseguir con sus fechorías.
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