Estados Unidos
Editorial
Entidades estatales deben priorizar austeridad
Un cargo público no es una minimonarquía, y debería entrañar más obligaciones que privilegios, pues todo magistrado, diputado o funcionario se ha postulado voluntariamente para servir, y no para servirse.
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Decenas de miles de familias guatemaltecas deben apretar su presupuesto al mínimo imposible para llegar a fin de mes y así poder afrontar una carestía agravada por la crisis de precios de combustibles. De recorte en recorte solo les va quedando, tal vez, el gasto esencial. Cubrir el costo de alimentos, educación, vivienda y transporte devora la mayoría del ingreso, que a veces raya en el mínimo legal y, para muchos —sobre todo en áreas rurales—, ni siquiera llega a eso.
Ante esa realidad, es una verdadera miseria moral y una distorsión institucional la continuidad de ciertos privilegios en altos estamentos estatales: Numerosos magistrados, diputados y funcionarios —incluyendo algunos que presumen hasta de ser cristianos—, que a pesar de sus abultados salarios, todavía se arrogan el derecho “legal” de contar con menú a la carta para devorar en el trabajo, e incluso para llevar, pagado por los ciudadanos. Y eso que falta mencionar vehículo oficial de lujo, con tanque lleno de combustible, viáticos, y otros beneficios que constituyen un insulto a la dignidad de la ciudadanía honrada, que sobrevive a duras penas pero que sostiene con sus tributos el dispendio.
La partidocracia aprendió a repetir el mantra vacío de que “hay espacio presupuestario para más deuda” para proseguir la secuencia de ampliaciones improductivas financiadas con empréstitos. El gasto en plazas burocráticas —a menudo detentadas por los mismos magistrados, diputados y funcionarios, que las procuran para allegados y familiares— crece como chichicaste, mientras la inversión en desarrollo integral y productivo sigue estancada o a merced de programas clientelares. Las viejas peroratas electoreras no pasan de ofrecer “ayudas” a habitantes de áreas marginadas para asegurar una bolsa de votos y la codependencia. Eso es abyecto.
En el ejemplar de hoy comenzamos a publicar una serie de análisis acerca de la iniciativa de presupuesto del 2027, que alcanza un monto de Q192 mil millones, que requerirán de unos Q45 mil millones financiados con crédito. Se debe aclarar que existen proyectos de infraestructura productiva portuaria y carretera que abarcan al menos Q10 mil millones, cuyo valor se medirá por la celeridad y calidad de ejecución. Al menos en esos casos se espera a mediano plazo un beneficio tangible, y lo mismo cabe decir de instalaciones de salud, planteles escolares, plantas de saneamiento, que deberían tener mayor proporción del gasto.
Paradójicamente, lo que aumenta son los gastos de funcionamiento, y no existe ni siquiera un intento de evaluación de la pertinencia de plazas o el rendimiento real de cada persona. Por el contrario, hay ofrecimientos diputadiles a múltiples grupos de trasladar a trabajadores temporales a renglones fijos —a costa del erario—, ofertas de resarcimiento a grupos oportunistas de presión y una absoluta indolencia en los poderes del Estado y entidades descentralizadas, porque ninguno está planteando un escenario de austeridad.
Los consejos financieros para personas y hogares contemplan la eliminación de compras “hormiga” y evitar el excesivo endeudamiento. En instancias estatales, esos gastos se han convertido en zompopos, entre almuerzos, cafecitos, cenas, botellas de agua purificada, sodas, chicles, pantimedias y quién sabe qué más, a costa de los tributantes. Un cargo público no es una minimonarquía, y debería entrañar más obligaciones que privilegios, pues todo magistrado, diputado o funcionario se ha postulado voluntariamente para servir, y no para servirse. Así que, ante un escenario adverso que amenaza con prolongarse, las entidades públicas deben trazar y ejecutar planes de austeridad.
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