Estados Unidos
Editorial
Escatimando fondos de una emergencia cíclica
Miles de familias no están en capacidad de esperar otro desfile tramitológico.
|
En el oriente guatemalteco hay penuria, angustia, desolación en muchas comunidades rurales. Cauces secos, milpas tostadas por el sol, empleos escasos. ¿Qué pasa si a una familia viviendo en precariedad alimentaria le “explican” que aún está pendiente la solicitud de traslado de fondos para poder hacer las adjudicaciones necesarias y así ofrecer raciones? El problema no es solo que al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) le falten Q35 millones para comprar dicho alimento fortificado. El problema de fondo es que Guatemala sigue tratando la inseguridad alimentaria como si fuera una emergencia relativa que comienza en la época seca o cuando se ausentan las lluvias.
Aquello que la burocracia mira como incidental y hasta con tiempo perdido en busca de fondos es una sentencia para miles de pobladores desfavorecidos. Los datos oficiales exhiben una dantesca realidad: hasta 3.2 millones de guatemaltecos afrontan dificultades para alimentarse y, hasta el 8 de agosto, Salud registraba 13 mil 487 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda y 26 fallecimientos por esa causa.
Con ese contexto, resulta casi sarcástica la lógica burocrática de que primero deben completarse modificaciones presupuestarias, convenios y procesos de compra para después comenzar a programar la asistencia para algún día. Pero la ironía kafkiana es todavía más absurda: en el Estado se conocen ya las comunidades vulnerables al cambio climático, en las cuales la peor parte la lleva la niñez. Este sector de la población necesita nutrientes para tener un desarrollo neurológico rescatable. No solo se trata de sobrevivir, sino de conservar la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, en cada período gubernamental la respuesta financiera parece comenzar cada vez desde cero.
¿Y de qué sirve tener fondos disponibles si estos son destinados a otros usos? El Maga aportó con celeridad Q58 millones de su presupuesto al subsidio de combustibles que duró de abril a junio, cuyo verdadero impacto macroeconómico no se ha evidenciado, y ahora necesita recuperar Q55 millones, pero ya pasaron más de 10 días desde el anuncio de tal requerimiento. En la gestión de la seguridad alimentaria se esperaba un cambio tangible en este gobierno, pero… El caso del Maga lo evidencia.
Miles de familias no están en capacidad de esperar otro desfile tramitológico. Es necesario aclarar: el problema no es que el Estado haya intentado contener el impacto del precio de los combustibles. El problema es que se trató de un subsidio desenfocado, que se aprobó atropelladamente y en efecto logró la reducción de precios durante un trimestre: benefició a los propietarios de vehículos, pero se pagó con recursos de todos los contribuyentes, hasta de quienes no tienen uno.
Cada día que una comunidad pasa sin ayuda, puede ser la diferencia entre vida y muerte en un hogar de Camotán, Jocotán o la alta montaña de Jalapa. Se debe revisar incluso la pertinencia y efectividad de otros programas, como el de los comedores públicos sociales; por ejemplo, el de la 18 calle, zona 1, que se ha convertido en un campamento de indigentes y drogodependientes que a su vez ahuyentan a posibles beneficiarios reales como madres con niños pequeños y adultos mayores. La pregunta no es solo cuándo estarán disponibles los Q55 millones. Debería ser por qué un país que conoce desde hace años dónde están sus poblaciones más vulnerables ante la sequía y el cambio climático todavía espera a que se agrave la crisis para empezar a preguntar ¿Dónde está el dinero?
ESCRITO POR:
