Estados Unidos
Editorial
Estéril engordamiento del gasto legislativo
Si la actual directiva del Congreso está verdaderamente empeñada en limpiar tuberías ocluidas, tiene que acelerar nuevas leyes de Servicio Civil, de Adquisiciones y de Régimen Interior.
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Prácticamente no existe ninguna compañía privada viable que no se maneje bajo un criterio de gestión por resultados. Y si acaso existe una resistencia, escepticismo o total oposición a poner en práctica una medición de los rendimientos por eficiencia, productividad y sostenibilidad, muy pronto viene el mercado a cerrar tal necedad con un severo golpe de realidad. Desafortunadamente, a nivel de funcionamiento de entidades estatales, sufragadas únicamente mediante los recursos aportados por los tributantes, o, en su defecto, el endeudamiento público, que también recae sobre estos y generaciones futuras, la ineficiencia e incluso el abierto latrocinio se ven maquillados debajo de apariencias, rubros mañosos y discursos falaces.
Esa es la gran tragedia de las democracias, tomadas en asalto por verdaderas hordas de saqueadores de cuello blanco armados de clientelismo, discrecionalidad y desfachatez politiquera, para medrar a costa del erario y blindarse a través de complicidades en estamentos del Estado, pagadas también con fondos públicos. Es así como jueces traidores liberan de cargos a negociantes de la precariedad ciudadana, con la aquiescencia tácita de entes acusadores que se ensañan contra críticos de tal sistema: toda una gestión de resultados perversos que solo la historia desnuda, reclama y también cobra.
Uno de los trabajos más complicados es la limpieza de alcantarillas, y hay una labor, metafóricamente equiparable, que apenas empieza a ser revisada: la nómina de contrataciones en el Congreso de la República, cuyo costo se multiplicó escandalosamente en las dos últimas legislaturas, que resultan ser de las más improductivas de la era democrática.
Ahora bien, siguiendo la metáfora, de nada sirve destapar el tragante, si al poco tiempo se le vuelve a llenar con plazas inútiles al servicio de los supuestos limpiadores. Una treintena de exdiputados fueron acusados en el caso de plazas fantasmas en el Congreso y varios optaron por confesar los delitos, lesivos para el erario, que no solo abarcaban cargos fraudulentos en dicho organismo, sino también en instancias del Ejecutivo. El precedente existe y debería ser aplicado a los responsables de los nuevos abusos que comienzan a descubrirse. Pero también se deben reformar la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Servicio Civil, para ponerle candados y límites a esas contrataciones.
El Ministerio Público, que se ha vuelto puntilloso experto en contar incluso votos y firmas, al menos en ciertos casos, bien podría enfocar sus baterías en el combate de las plazas clientelares, las asesorías sin asistencia y los salarios arbitrariamente descomunales que desangran las finanzas públicas. La Contraloría General de Cuentas, que de pronto regresó a la vida después de meses en estado zombi, tiene que actualizar procesos y presentar reformas a su ley orgánica, a fin de hacer vinculantes y científicos sus métodos para tener mayor calidad probatoria; además, en tiempos digitales debe ser factible una glosa prácticamente en tiempo real, ya que todo ente estatal debe registrar sus movimientos de caja y nómina sin dilación ni pretexto.
Estamos hablando de cirugía mayor, y si la actual directiva del Congreso está verdaderamente empeñada en limpiar tuberías ocluidas, tiene que acelerar nuevas leyes de Servicio Civil, de Adquisiciones y de Régimen Interior, para que en el Estado de Guatemala haya gestión por resultados y evitar que los pésimos resultados lastren la gestión.
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