Son usuales dentro de cualquier empresa, grande o pequeña, las evaluaciones del desempeño de cada trabajador bajo metas previamente fijadas. Con frecuencia, sobre todo en campos como las ventas, pero también en rubros de manufactura, transporte o servicios diversos, se producen llamados de atención o incluso despidos de personal que no consigue los objetivos estratégicos establecidos y notificados. Si acaso existe alguna razón para tratar de conservar a una persona en un puesto, suele hacerse un apercibimiento en el cual se fijan condiciones para la continuidad. Se trata de un elemental mecanismo de sobrevivencia de las empresas en un entorno competitivo impasible a la hora de las cuentas.

Es cierto que en el Estado privan algunos principios y criterios distintos a los del mundo empresarial. Existen componentes fundamentales de bien común, gratuidad, administración política e institucionalidad que no necesariamente encajan con criterios de rendimiento económico. No obstante, los recursos con los cuales funciona el Estado provienen de los tributos que aportan personas individuales y jurídicas, es decir, ciudadanos y empresas a través de los impuestos por diversos conceptos y tipos de actividad productiva.

Esto quiere decir que el Estado en sí mismo no produce riqueza, pero su objetivo es aprovechar al máximo los recursos disponibles para poder brindar a la población servicios esenciales plasmados en la Constitución. Los fondos tienen límite, y por eso mismo deben ser utilizados con probidad, eficiencia y con una efectiva cuentadancia de ejecución. Los politiqueros se deshacen en peroratas durante las campañas para señalar despilfarros y usos inadecuados del erario, pero una vez logran el cargo, convierten los reclamos en excusas, en quejas y en justificaciones oficiosas.

Es en este panorama de ambigüedad, displicencia y conveniencias relativistas que se producen verdaderos atropellos al sentido común e insultos a la inteligencia del ciudadano: salarios desproporcionados, creación de plazas anodinas y ausencia de auditorías del desempeño, al menos si se trata de allegados. A veces existen vacíos legales que dejan en el limbo cualquier condicionamiento contractual de rendimiento, y un ejemplo de ello está en los puestos de directores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que cuentan con un nombramiento a dedo de cuatro años y jugosos salarios arriba de Q70 mil, los cuales mantienen aunque no se logre la meta fiscal establecida. Paradójicamente, el superintendente tributario sí queda sujeto a posible remoción de no conseguir la recaudación esperada, algo que ha sucedido en repetidas ocasiones.

La causa de este doble rasero, según expertos, se encuentra en la mala formulación de las reformas a la SAT en el 2015 tras el destape del caso de defraudación aduanera La Línea. Dichos cambios a la ley, que dieron origen al llamado Directorio, dejaron sin parámetros de evaluación y remoción a los directores: una discrepancia que puede atribuirse a la prisa, a negligencia legislativa o a un error de cálculo que convirtió una buena intención en una costosa rémora para el erario.

En tiempos de una economía golpeada por la pandemia, de desastres climáticos que han dejado ingentes necesidades de reconstrucción y de precariedades en instituciones de asistencia social, es un total contrasentido que una misma persona devengue casi Q1 millón al año sin ninguna deducción de responsabilidades en caso de no poder cumplir con los objetivos trazados en nombre de la Nación.