Si algo quedó demostrado en las elecciones de Estados Unidos fue el poder electoral de la minoría hispana, que hace dos décadas apenas si era tomada en cuenta como un grupo objetivo por parte de los candidatos presidenciales. Sin embargo, los hijos de migrantes nacionalizados van alcanzando la mayoría de edad en suelo estadounidense, donde nacieron. Tienen claras sus raíces hispanas, crean lazos de solidaridad con otros migrantes que han llegado al territorio y, como buenos jóvenes, cuestionan la intolerancia o la incoherencia entre acciones y palabras.

Si bien los hispanos se consolidaron como la mayor minoría votante, por encima de los afroamericanos, no se puede generalizar una preferencia política. Las comunidades de centroamericanos del Triángulo Norte, mexicanos y puertorriqueños tuvieron en la contienda Biden-Trump una postura que contrastó con la de cubanos, venezolanos y nicaragüenses: una dicotomía que fue hábilmente aprovechada por los republicanos para conquistar estados clave como Florida y Texas.

Joe Biden, con 290 colegios electorales, se proclama ya como el próximo presidente de EE. UU., pero la tarea de consolidar el apoyo hispano para las próximas elecciones comienza desde ya. A partir del 20 de enero del 2021, no habrá mucho tiempo para la luna de miel política, pues los activistas migrantes afirman que esperan acciones concretas en los primeros cien días. Trump también exhibió su fortaleza, arraigada sobre todo en una base conservadora, y seguirá siendo un actor relevante, pero le pasaron factura el manejo poco prudente de la pandemia, la poca empatía mostrada frente a las polémicas raciales e incluso la intransigencia frente a los jóvenes dreamers, quienes buscan una oportunidad para triunfar en dicho país: no tienen un estatus legal permanente aún, pero sus aspiraciones generaron apoyo entre muchos ciudadanos que votaron por primera vez.

Es necesario saber leer el balance de poder establecido por la propia ciudadanía, al no ceder a los demócratas el control del Senado, que sigue con mayoría republicana. En el Congreso, se redujo la ventaja demócrata, aunque sigue bajo su control.

Se prevén objeciones legales por parte del gobierno de Donald Trump en contra de ciertos procesos de conteo estatal; sin embargo, es difícil que prosperen. No existen fundamentos para reclamar fraude, sobre todo porque el proceso eleccionario está en buena medida a cargo de los mismos ciudadanos.

En todo caso, para Guatemala, las políticas de apoyo a través de programas de desarrollo, gobernanza, transparencia y combate al narcotráfico no dependen de la continuidad de Trump, pues se trata de acuerdos bipartidistas con una visión de seguridad hemisférica. Sin embargo, algo que sí puede hacer el Estado guatemalteco es crear políticas sostenidas para mejorar las comunicación y colaboración con las comunidades de connacionales radicados en EE. UU., comenzando por una reingeniería total de la Comisión Nacional del Migrante, que debe dejar de ser un puesto decorativo para convertirse en un ente estratégico que facilite la comunicación con y entre las organizaciones guatemaltecas: una fuerza que los partidos solo parecen valorar cuando se acercan las elecciones.