Estados Unidos
EDITORIAL
Hermetismo oficial en caso Huité se ve oficioso
Huité constituye una grave vulneración a las políticas de seguridad del Ministerio de Gobernación, debido a todas las incógnitas.
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El término oficioso tiene varias acepciones y una de ellas se contrapone a oficial: “que hace o dice alguien sin formal ejercicio del cargo público que tiene”. Van 11 días y contando de hermetismo gubernamental sobre el brutal suceso armado en Huité, Zacapa, la noche del 27 de septiembre, que dejó ocho personas fallecidas, en un aparente operativo en contra del narcotraficante y extraditable Haroldo Lorenzana. Fue una masacre, pero de los perpetradores, alrededor de una veintena, nadie da cuenta ni sabe cómo se escabulleron o qué dirección tomaron, a pesar de que se hicieron presentes en el lugar unidades militares.
Las tardías declaraciones, tres días después, eran anodinas y lo siguen siendo. Primero se anunciaba una investigación interna de procedimientos en el Ejército. Los resultados se desconocen, porque, a decir del presidente Bernardo Arévalo, el Ministerio de la Defensa ya habría entregado tal “informe” al Ministerio Público. Aún falta que la Fiscalía acuse recibo públicamente de dicha versión, porque es justamente eso: un insumo que debería abonar a la averiguación sobre la identidad, filiación y motivación de aquel ataque.
No deja de causar grima el hecho de que, dada la gravedad mortal del hecho, no haya sido —al menos no oficialmente— el propio MP el que tomara la iniciativa sobre tal averiguación a lo interno del Ejército, toda vez que se trata de un crimen consumado cuyo esclarecimiento es de interés nacional. Ahora bien, parte de la pesquisa debe abarcar si hubo responsabilidades, por acción u omisión, de las instituciones como la Policía Nacional Civil o el Ejército, por la forma como se gestionó la reacción ante dicho suceso. Y es que en un escenario de expansión y pugnas de grupos vinculados al narco, se necesita de estrategias efectivas y confiables.
Se supone que estamos en un contexto democrático en el que la seguridad ciudadana está bajo la potestad primaria de autoridades civiles, de las cuales el refuerzo militar es eso: un auxiliar. Sin embargo, en el caso Huité, nadie parece haber reaccionado a tiempo ni en forma proporcional al peligro que implicaba tal comando desconocido. Aunque existen varias hipótesis, hay dos que ganan fuerza en el diálogo popular: o se trataba de un grupo delictivo en ofensiva contra un rival o se trataba de un aparente operativo encubierto, furtivo, ejecutado posiblemente al margen de la institucionalidad y, por ende, ilegal. De hecho, un coronel que fue sancionado con baja en 2025 interpuso una denuncia contra el ministro de la Defensa, aunque habrá que ver si está fundamentada o solo es motivada por animadversión.
Lo que no se puede negar es que Huité constituye una grave vulneración a las políticas de seguridad del Ministerio de Gobernación, debido a todas las incógnitas. ¿Por qué ultimaron a las víctimas en al menos cuatro puntos del casco urbano del municipio? ¿Qué hizo la delegación local de la PNC mientras duró el suceso? ¿Quién coordinó los vehículos militares? En un área de provincia es improbable que un convoy de tal magnitud pase inadvertido, sobre todo en su trayecto de fuga. ¿Dónde se ocultaron? ¿Salieron del país por alguna frontera? ¿Por qué testigos reportaron helicópteros?
Mientras tanto, familias de Huité siguen llorando la muerte de sus seres queridos. Declaró el presidente que era el MP el que debía decidir cómo y a quiénes comunicar la información recabada por Defensa. No debería demorarse tanto tal presentación de indicios, a menos que también sean inminentes las capturas de quienes estén involucrados en este preocupante desastre.
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