Como vicepresidente, Joseph Biden tuvo mucha cercanía con planes de seguridad preventiva, iniciativas de desarrollo y proyectos para frenar la migración que quedaron truncados al llegar el cuatrienio trumpista con todo y los tácitos avales que, a cambio de espejitos diplomáticos, otorgó al anterior gobierno, el cual emprendió algunas medidas que agravaron la migración y que dicha administración trató inútilmente de revertir en sus postrimerías.

En apenas tres meses han llegado varios emisarios estadounidenses, y ahora el presidente Biden ha delegado en su vicegobernante, Kamala Harris, la tarea de coordinar esfuerzos con el Triángulo Norte para tratar de atajar las causas del éxodo que no solo desangra la fuerza productiva de la región, sino que crea un mayúsculo problema humanitario en la frontera mexicoestadounidense, sobre todo por la enorme cantidad de menores no acompañados y núcleos familiares que huyen de la pobreza, el desempleo la falta de oportunidades de superación.

En efecto, el foco de la actual estrategia de la potencia del norte se encuentra en la erradicación de esas causales, tarea que no será sencilla ni corta ni fácil, sobre todo porque intervienen factores como la mala gestión de gobiernos locales y nacionales, la discontinuidad de proyectos de mejora de salud, productividad, educación e infraestructura; la mediocridad legislativa que entorpece la modernización del Estado y la corrupción acicateada por vacuas ambiciones, aviesos tráficos de favores y la penetración del crimen organizado y el narcotráfico que buscan impunidad a través de la cooptación de enclaves de autoridad.

El aterrizaje constante de narcoavionetas en el litoral sur y en Petén, alrededor de una cada diez días, en promedio, con incautaciones ocasionales que no consiguen frenar el descomunal trasiego y con la complicidad de ciertos grupos de pobladores coludidos, es tan solo uno de los síntomas de la ausencia del Estado y del deterioro social en dichas áreas, lo cual se torna a la vez en un detonante de la migración ilegal.

Como preámbulo de la visita que hará Harris al país, en junio próximo, sostuvo el lunes último una videoconferencia con el presidente Alejandro Giammattei, y los temas tratados fueron divulgados por la propia vicepresidencia de EE. UU., en contraste con la actitud hermética de la secretaría de comunicación local. Harris le enumeró al mandatario, como causas fundamentales del desplazamiento de personas hacia su país, la pobreza, el impacto climático, la mala gobernanza, la violencia y la corrupción.

Esa mañana, ya Estados Unidos había anunciado sanciones adicionales para el empresario y negociador político Gustavo Alejos, así como para el diputado Felipe Alejos Lorenzana, a quienes señala de corrupción y contra quienes aplicó la ley de designaciones Magnitsky, que congela bienes y cuentas, e imposibilita transacciones con entidades bancarias que tengan conexión con ese país. Obviamente, la coincidencia de tiempos no es casualidad y detrás de la cordialidad diplomática de términos es muy claro el mensaje que se busca enviar a quienes todavía creen estar bajo las condiciones del anterior período presidencial. Y no se trata de asuntos ideológicos, pues desde los días en que Donald Trump aún reclamaba votos existía una convicción bipartidista acerca del rumbo que había tomado la región.