La soberanía es un concepto abstracto que nació a partir del dominio de los monarcas medievales, pero conforme la sociedad y el pensamiento político evolucionaron se configuraron alrededor de la autoridad de un poder político y la autonomía de un territorio-nación respecto de sus decisiones. A partir del siglo XVIII se fortaleció el concepto de libertades y derechos frente a un Estado, que Hobbes consideraba una especie de monstruo al cual se le cedía parte de esa libertad en favor de una seguridad colectiva. Es así como la soberanía se deposita en un ordenamiento institucional y constitucional, pero no se trata solo de un conjunto de leyes consensuadas, sino de los valores que sustentan tal positividad. En un sentido más ilustrado, la soberanía radica en el pueblo, según lo dice la propia Constitución guatemalteca.

Este término ha sido bastante socorrido en los últimos dos años para justificar ciertas acciones y para poner barreras a países cooperantes que no comulgaron con los intereses del oficialismo, así como alfombra a otros que resultaban convenientes. Se usó la soberanía para alimentar una polarización acendrada a través de redes sociales, pero escondido a la hora de negociar un acuerdo migratorio con Estados Unidos que no termina de darse a conocer.

Dentro del mismo ejercicio del poder ocurren situaciones en las cuales la soberanía entra a jugar como un factor de juicio, no según las declaraciones discursivas, sino a través de las acciones u omisiones de quienes se encuentran investidos de autoridad. Es por ello que a menudo la palabra soberanía es instrumentalizada en un sentido o en otro. Dictadores de facto, como Nicolás Maduro, en Venezuela, o Daniel Ortega, en Nicaragua, enarbolan la palabra soberanía para reclamar que nadie cuestione los abusos, la violencia, la represión, la intolerancia y las tropelías cometidas por fuerzas de seguridad o grupos parapoliciales devenidos en fuerzas de choque contra cualquier protesta. Los opositores a estos regímenes critican sus despropósitos fundamentalmente basados en la soberanía, por lo cual podría surgir el dilema de quién tiene la razón.

Los valores institucionales democráticos, el apego a la ley, la coherencia de discurso y acciones, la convivencia respetuosa en un marco de derecho y la prioritaria búsqueda del bien común son algunos de los factores que marcan el norte de la soberanía de un Estado, en cualquier latitud del planeta. No son nociones líricas ni son repeticiones de poemas o de himnos las que legitiman el poder soberano, sino el ejercicio transparente, ecuánime y ético de las potestades conferidas a los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La ciudadanía elige autoridades bajo la premisa de que sus propuestas, ofrecimientos y planes expresados en campaña son verdaderos votos —usando el término como sinónimo de juramentos—. Si los funcionarios utilizan el poder para procurar su propio beneficio a través de contratos amañados, cobro de comisiones o sobrevaloraciones, están violando la soberanía; si los representantes que el pueblo eligió aprueban leyes bajo conflicto de interés, le están fallando a la soberanía; si los planes para atender la pobreza o a niños en desnutrición se concentran en clientelismos, están traicionando la soberanía. En 35 años de democracia, el devenir nacional ha estado lastrado por una clase política que se ha convertido en barrera para el desarrollo, pues se niega a renovarse, carece de una mínima formación axiológica y continúa jugando ruleta con la voluntad soberana del pueblo de Guatemala. Eso debe cambiar.