Estados Unidos
Editorial
Lecciones del Guatecomprazo
Guatecompras es un patrimonio de información pública invaluable.
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En alguna ocasión se ha recordado en este espacio aquel adagio que las maestras de antaño repetían en clase: “No hay que hacer cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas”, el cual, en materia de política y gestión pública, tiene una importancia capital que, por supuesto, va más allá de las apariencias, porque implica coherencia entre el decir y el hacer. Por eso, el reciente desatino de vedar ciertas búsquedas del portal Guatecompras se convirtió en una verdadera bola de nieve que finalmente llevó a retrotraer la medida, aunque el desgaste ya está hecho.
El aluvión de críticas al cambio inconsulto llevó al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, a intentar justificar la medida el 20 de agosto último, aduciendo que habían recibido “algunas” quejas de personas que no eran proveedoras pero cuyos datos aparecían allí. Sin embargo, alambicar el proceso de búsqueda denotaba más un valladar al acceso de información pública que una simple protección de datos.
Los cambios se hicieron en julio, sin mayor aviso, pero los reclamos de distintos sectores —prensa, analistas, centros de investigación, diputados— se fueron incrementando en voces y en vehemencia. Sí, debieron efectuarse consultas con sectores potencialmente afectados. Al hacerlo de manera unilateral, solo se le dio el empujón a una pequeña bola de nieve que ganó fuerza, máxime con las excusas esgrimidas. El martes último se hizo oficial la suspensión de los cambios implementados en el Portal de Compras del Estado y se anunció un proceso de consultas con periodistas, investigadores y otros usuarios, para definir modificaciones a su funcionamiento. Vaya manera de armar un conflicto gratuito que desgasta la base misma de lo que ofrecieron en campaña.
El propio Menkos reconoció en una entrevista de radio la deficiente información sobre los cambios, lo cual tampoco es mucha excusa, tomando en cuenta la enorme cantidad de personal de las respectivas secretarías de comunicación social. En efecto, el asunto de fondo era la contradicción: cuando estaban en la llanura, los funcionarios del oficialismo utilizaron recurrentemente Guatecompras como un medio para evidenciar contratos dudosos, nexos de políticos y financistas, posibles sobrevaloraciones y sospechosos plazos de publicación y adjudicación. Con tanta experiencia, difícilmente se podía alegar ignorancia de los efectos de un cierre parcial de ciertos accesos.
Guatecompras es un patrimonio de información pública invaluable, que no debe ser trastocado. Podrá tener sus fallas, pero es prácticamente lo único con lo que cuenta el ciudadano para asomarse al uso de los recursos públicos: y eso que hay entidades descentralizadas que rehúyen de publicar concursos y asignaciones mediante rebuscados pretextos, lo cual no se debería tolerar.
Quienes participan en licitaciones y concursos de compras en entidades de Estado están, tácitamente, aceptando y sometiéndose a un escrutinio institucional, pero también público, que forma parte inherente de su aspiración. Por ahora, Guatecompras está abierto, y como no hay mal que por bien no venga, se incorporó un buscador específico de representantes legales y una pestaña denominada “Representaciones”, con el propósito de facilitar el cruce de información sobre las sociedades o empresas vinculadas con una misma persona. También hay una de “Participantes”, que presenta información de competidores, adjudicados, integrantes de juntas de licitación o cotización, supervisores y dictaminadores.
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